La reciente muerte del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos en Quilleco, asesinado durante un procedimiento de violencia intrafamiliar, reabrió el debate sobre la seguridad de los funcionarios policiales y las responsabilidades políticas. El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, instó a no politizar el hecho y afirmó no recordar solicitudes previas de renuncia de autoridades por el fallecimiento de carabineros. “No hay que politizar la muerte de un funcionario policial. No recuerdo que antes alguien pidiera la cabeza de una autoridad por la muerte de un carabinero”, sostuvo Squella en una entrevista con Radio ADN.
Sin embargo, tanto usuarios de X como figuras políticas le recordaron al parlamentario que su propia colectividad sí había realizado tales exigencias en el pasado. Squella enfatizó que la muerte de Urrea debe impulsar un diálogo sobre las herramientas estatales para combatir la delincuencia, pero desmarcó su postura de quienes buscan atribuir responsabilidades políticas directas por estos sucesos.
Existen antecedentes que contradicen la memoria del senador Squella. Durante la administración de Gabriel Boric, dirigentes del Partido Republicano sí pidieron la salida de autoridades tras ataques y asesinatos de carabineros. Un ejemplo notable ocurrió en noviembre de 2023, cuando una carabinera resultó gravemente herida por un ataque con granada en Pedro Aguirre Cerda. En esa ocasión, el entonces diputado republicano José Carlos Meza solicitó la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, argumentando una crisis de seguridad. “Le pedimos la renuncia de la ministra Carolina Tohá”, afirmó Meza, mientras que el diputado Luis Fernando Sánchez, también republicano, declaró que las autoridades del Ministerio del Interior “sí o sí” debían dejar sus cargos.
Meses después, en abril de 2024, tras el asesinato de los tres carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna en Cañete, el entonces líder de Republicanos, José Antonio Kast, criticó duramente al equipo de seguridad del presidente Boric. Kast exigió al mandatario “destituir a su equipo de seguridad” y mencionó explícitamente a Carolina Tohá, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara.
Aunque estas demandas se formularon bajo el argumento de problemas de gestión y seguridad, y no como una atribución directa de responsabilidad por las muertes, sí se enmarcaron en eventos que involucraban ataques graves o asesinatos de funcionarios policiales. Esta contradicción fue señalada a Squella, quien luego respondió a través de X.
“Se pedía la destitución por la incompetencia de la ministra y su equipo. Se pedía la destitución, porque las autoridades de ese entonces, poco antes de asumir sus cargos, fomentaban el odio contra nuestras policías, los perseguían judicialmente por hacer su trabajo… y lo siguen haciendo”, sostuvo el senador.
Squella defendió que las solicitudes en el gobierno anterior se basaban en cuestionamientos políticos y de gestión hacia las autoridades, no en una responsabilidad directa por las muertes. Añadió que, a su juicio, hoy los policías cuentan con un respaldo gubernamental distinto. “Hoy los carabineros saben que cuentan con el máximo respaldo del gobierno y lo valoran profundamente”, aseguró. Finalmente, el senador cuestionó a la oposición y reafirmó el compromiso de Republicanos de impulsar medidas para fortalecer las atribuciones policiales. “Seguiremos avanzando en proteger a nuestras policías pese a que la izquierda que usted representa hace todo lo posible por restarle atribuciones y debilitar a la institución”, concluyó.
