El diputado Sergio Bobadilla, subjefe de la bancada UDI por el Bío Bío, ha oficiado al Poder Judicial para que se implementen medidas urgentes que permitan la entrega de recursos retenidos en el Juzgado de Coronel. Entre los fondos afectados se encuentran pensiones de alimentos, cuya espera por parte de madres de la comuna se extiende por meses, generando una situación crítica para numerosas familias.
La problemática radica en la falta de jueces y funcionarios debidamente habilitados para autorizar las transferencias de dinero. Madres como Carolina, quien necesita los recursos para financiar terapias médicas para su hijo, han denunciado esta situación que les impide acceder a fondos esenciales. La explicación recurrente es que no hay personal con la facultad de firmar los documentos necesarios para liberar los montos.
“Resulta absolutamente inaceptable que haya madres que llevan meses esperando recibir recursos autorizados por la justicia y que, en muchos casos, son indispensables para alimentar a sus hijos, pagar un arriendo o financiar sus tratamientos médicos”
Ante este escenario, Bobadilla solicitó al Poder Judicial que adopte acciones extraordinarias. Una de las alternativas propuestas es la posibilidad de trasladar causas específicas de Coronel a otros tribunales del país. El parlamentario enfatizó la gravedad de la situación, destacando que los retrasos afectan directamente el bienestar de niños y niñas.
El diputado sugirió que, si el impedimento radica en la carencia de personal autorizado en el tribunal de Coronel, deben buscarse soluciones que eviten que las familias sigan en la incertidumbre. Por ello, instó a que se clarifique si las causas pueden ser reubicadas para acelerar los pagos pendientes.
Esta petición surge poco después de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera un recurso de protección relacionado con un pago retenido en el mismo juzgado, ordenando la autorización de firma a otros funcionarios para concretar el desembolso. No obstante, las familias afectadas indican que el problema de las autorizaciones persiste, lo que subraya la necesidad de una intervención más profunda y rápida por parte del Poder Judicial.
