Greenpeace instó al Ejecutivo a “no caer en presiones” y respetar el rechazo del proyecto minero-portuario Dominga. Esta solicitud surge luego de que Andes Iron, la empresa detrás de la iniciativa, desistiera de todos los recursos legales que había presentado contra la última negativa del proyecto.
La compañía acudió a la Corte Suprema para ceder los recursos de casación y queja, lo que provocó que el proyecto retrocediera judicialmente a enero de 2025. Según la organización ambientalista, esta decisión de Andes Iron ante el máximo tribunal equivale a un reconocimiento explícito de que “Dominga está rechazada”.
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, explicó en una declaración escrita que la determinación empresarial responde a las cada vez más escasas posibilidades de revertir judicialmente el rechazo. “Después de 13 años de tramitación, la empresa desiste de la vía judicial y deja vigente el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó el rechazo del Comité de Ministros”, afirmó Núñez.
Greenpeace subrayó que este giro se produce en medio de una investigación penal impulsada por ellos. Dicha investigación busca esclarecer presuntos actos de corrupción e irregularidades vinculados a la tramitación del proyecto minero. “Esta querella investiga eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, a partir de los más de $255 millones que Andes Iron pagó al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, dos de cuyos socios están imputados en el caso Muñeca Bielorrusa”, recordó la abogada.
Creemos que es indispensable que esa investigación avance, se esclarezca el verdadero propósito de esos pagos y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan.
La ONG alertó que este movimiento podría ser un intento por imponer administrativamente un proyecto cuya tramitación ha estado marcada por dudas sobre cuestionamientos ambientales y de probidad, persistentes por más de una década. “El Ejecutivo tiene la responsabilidad de no caer en presiones, garantizar la transparencia y el respeto a las decisiones institucionales, y de proteger un ecosistema de extraordinario valor como el archipiélago de Humboldt”, concluyó el escrito, enfatizando la necesidad de respetar el rechazo de Dominga.
