El presidente de Argentina, Javier Milei, instruyó a la Cancillería de su país para iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido. La medida busca bloquear el proyecto Sea Lion, que tiene como objetivo extraer crudo en las costas de las islas Malvinas. Además, el Gobierno argentino anunció acciones penales y diplomáticas por los vuelos de una empresa británica entre las Malvinas y Punta Arenas, Chile.
La Presidencia argentina comunicó esta decisión a través de un comunicado difundido en redes sociales. El procedimiento de arbitraje se basa en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su propósito es «impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte» mediante el proyecto Sea Lion.
El Ejecutivo argentino emplazó al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las acciones necesarias para «impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburiferos en la Plataforma Continental Argentina».
En caso de incumplimiento, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar «las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental».
Paralelamente, se ha iniciado un procedimiento sancionatorio y judicial contra la empresa Thales UK Limited. Esta acción se debe a operaciones realizadas sin la autorización argentina en la ruta aérea que conecta las islas con la ciudad chilena de Punta Arenas.
El presidente Milei, a través de su perfil en la red social X, enfatizó que estas medidas buscan detener el «saqueo ilegal» de los recursos argentinos en el archipiélago. Las Malvinas han sido administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833, mientras Argentina las reclama como propias.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras.”
Estas acciones se suman a una serie de sanciones y denuncias previas del Gobierno de Milei contra petroleras que operan en Malvinas con licencias que Argentina considera ilegales.
En el último mes, la Cancillería argentina ha enviado cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países. Además, inició aproximadamente 60 procedimientos administrativos y presentó al menos tres denuncias penales en tribunales argentinos contra diez compañías petroleras y sus directivos, incluyendo capitales británicos, israelíes y canadienses.
Entre las empresas denunciadas se encuentra la petrolera israelí Navitas, líder del proyecto offshore Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de Malvinas, con una proyección de extracción de crudo a partir de 2028.
La semana pasada, Milei instó en la ONU al Reino Unido a reanudar las negociaciones para una solución pacífica a la disputa de soberanía y advirtió sobre consecuencias para las empresas que exploten recursos en el Atlántico Sur sin autorización argentina.
El Reino Unido respondió que los intentos de Argentina son «un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción ilegítima».
