La Contraloría General de la República (CGR) confirmó el inicio de una investigación sumaria en la Municipalidad de Arica. La medida surge por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de un vehículo fiscal por parte del chofer del alcalde de la comuna, quien lo habría utilizado para fines personales y posteriormente protagonizó un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol.
Los hechos, según detalla la CGR, ocurrieron el 14 de mayo de 2026. Después de una actividad oficial, el funcionario desvió el auto municipal, patente JFTV46, para asuntos personales, donde además consumió alcohol. Posteriormente, el chofer colisionó con otro vehículo en la calle Barros Luco de Arica, siendo retenido por testigos en el lugar. El alcotest practicado arrojó un resultado de 1,44 g/l de alcohol en la sangre.
La CGR también detectó anomalías en el procedimiento posterior al accidente. El informe señala que el vehículo fue trasladado por Carabineros a la Tercera Comisaría de Arica, un acto que, según la Contraloría, no se ajusta a los protocolos institucionales vigentes. Ante esta situación, la Prefectura de Carabineros Arica N.° 1 inició una investigación administrativa, cuyos resultados deben ser informados a la CGR en un plazo de 15 días hábiles.
Además, el organismo de control identificó deficiencias en el resguardo y control del vehículo municipal después del incidente. La Municipalidad de Arica no pudo acreditar documentalmente el retiro, traslado y custodia del auto, ni tampoco quién recibió las llaves o bajo qué autorización fue conducido posteriormente desde las dependencias policiales. Tampoco se proporcionaron antecedentes técnicos ni administrativos sobre los daños sufridos por el vehículo.
Según la investigación, las reparaciones del automóvil habrían sido financiadas por el propio funcionario involucrado. La Contraloría enfatiza que era responsabilidad del municipio verificar los daños, autorizar formalmente los trabajos y mantener la documentación de respaldo para asegurar la trazabilidad de las actuaciones y proteger el patrimonio municipal.
Otro hallazgo relevante es que el municipio de Arica mantiene vigente un “Protocolo de Operación Departamento de Seguridad y Operaciones V4.0” sin contar con un acto administrativo que lo apruebe formalmente. Este documento, además, carece de los antecedentes mínimos para reportar accidentes de tránsito o situaciones de conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Por ello, la Contraloría ha instruido al municipio formalizar el protocolo e incorporar procedimientos específicos para el reporte y registro de estos incidentes.
Finalmente, la CGR informó que remitirá todos los antecedentes al Ministerio Público, sin perjuicio de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por los hechos investigados. Este caso subraya la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en el uso de bienes públicos.
