La Contraloría General de la República inició una investigación sobre la contratación de la activista venezolana Lucy Depablos Chacón, quien ejerce como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana en la Dirección Nacional del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Hacienda. La funcionaria percibe un sueldo bruto de hasta 5,6 millones de pesos, incluyendo bonificaciones.
Las dudas principales radican en la calificación de Depablos Chacón como “experta” y en la ausencia de acreditación de un título de periodista para su cargo. Ante esta situación, el organismo contralor solicitó al Servicio Civil toda la documentación pertinente.
Según lo informado, la Contraloría ofició a la Dirección Nacional del Servicio Civil para que remita los antecedentes académicos y laborales de Depablos Chacón. El documento detalla que la activista fue contratada el 23 de abril de 2026 para labores de asesoría altamente calificadas.
“La contratación de expertos exige que la persona de que se trate posea conocimientos, experiencia o habilidades especiales que la hagan acreedora de tal calidad, debidamente acreditadas mediante antecedentes objetivos”, señaló el ente contralor en su oficio.
Por lo tanto, se solicitó al Servicio Civil informar “detalladamente los fundamentos tenidos en consideración para calificar a la señora Depablos Chacón como experta; en particular, resulta necesario que remita los antecedentes curriculares, académicos, profesionales y de experiencia laboral considerados para adoptar dicha decisión”.
Asimismo, la repartición deberá especificar cómo se determinó que la funcionaria “posee conocimientos especializados o experiencia relevante para el desempeño de las funciones encomendadas, así como la relación existente entre tales antecedentes y las labores de asesoría altamente calificadas descritas en el acto administrativo respectivo”.
El Servicio Civil también debe indicar si al momento de la contratación se elaboró “algún informe técnico, evaluación de antecedentes o documento fundante que analizara el cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de contrataciones”. Se otorgaron 10 días hábiles para la entrega de este informe.
Tras el inicio de esta polémica, la activista venezolana eliminó todas sus redes sociales, lo que añade un nuevo elemento al escrutinio sobre su contratación y cualificaciones.
