Las principales reformas que busca implementar el Gobierno de José Antonio Kast deben pasar por las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, muchas de ellas presididas por parlamentarios del propio Partido Republicano. Estas instancias, vistas como “peajes” estratégicos, incluyen Hacienda, Trabajo, Economía y Seguridad Ciudadana, que están directamente vinculadas con los ejes programáticos del Ejecutivo: crecimiento, empleo y seguridad.
Aunque presidir una comisión no otorga control sobre los votos ni permite decidir unilateralmente la aprobación o rechazo de un proyecto, sí confiere una posición privilegiada. Desde esta posición, se pueden conducir debates, organizar la discusión y, crucialmente, administrar el tiempo legislativo. Esto permite tanto agilizar iniciativas como retrasar aquellas que carecen de urgencia legislativa.
Uno de los “peajes” más importantes es la Comisión de Hacienda, a cargo del republicano Agustín Romero. Su relevancia trasciende lo económico, ya que por ella deben pasar numerosas iniciativas que implican gasto público, modificaciones tributarias o efectos sobre las arcas fiscales. Esto la convierte en una estación inevitable para gran parte de las reformas estructurales de cualquier gobierno.
De manera similar, la Comisión de Trabajo, presidida por el republicano José Carlos Meza, es una de las principales instancias para las reformas laborales y de empleo. El Partido Republicano también encabeza las comisiones de Economía y Seguridad Ciudadana, áreas fundamentales del programa de gobierno de Kast, lo que les permite conducir parte de la tramitación de su propia agenda.
Sin embargo, este poder tiene sus límites. Cada comisión permanente está compuesta por 13 diputados, y el presidente es solo uno de ellos. Liderar la instancia no garantiza que el oficialismo tenga mayoría ni asegura los votos necesarios para La Moneda. Los Republicanos pueden tener el “peaje”, pero no controlan todos los proyectos que transitan por él.
Esto obliga al Gobierno a negociar proyecto por proyecto con sus aliados y buscar apoyos fuera de su sector cuando los votos internos no son suficientes. Por lo tanto, el verdadero poder de estas presidencias es más político y procedimental que aritmético. Facilitan la coordinación con los ministerios, ordenan la tramitación y priorizan discusiones, pero en el momento de la votación, el presidente tiene un voto más.
Administrar la agenda no es sinónimo de aprobarla, pero influir sobre una iniciativa no siempre requiere ganar una votación. En un Congreso con decenas de proyectos compitiendo por espacio, controlar el tiempo se convierte en una herramienta de poder significativa. Además, existe la disputa previa sobre a qué instancia será enviado un proyecto. Si los parlamentarios solicitan que una iniciativa sea remitida a otras comisiones, el proceso se alarga, imponiendo nuevos filtros antes de que llegue a la Sala para su votación final.
