La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar posibles responsabilidades penales tras el trágico incendio que cobró la vida de 16 adultos mayores en un hogar de ancianos en Pitrufquén, La Araucanía. El siniestro ocurrió en el sector rural de Comuy, a 30 kilómetros del radio urbano, en un inmueble que operaba bajo el nombre “El Edén” y que carecía de autorización para funcionar.
El fuego consumió por completo el recinto, donde una cuidadora, inicialmente reportada como TENS pero sin certificación de salud, intentó pedir auxilio. Al regresar con la ayuda de vecinos y Bomberos, se logró evacuar a 10 residentes, pero 16 fallecieron en el interior del hogar.
El delegado presidencial Francisco Huentelicán confirmó que el hogar no solo carecía de permisos, sino que también acumulaba denuncias por irregularidades previas y una por presunto maltrato. “Denuncias anteriores que están cerradas, que fueron resueltas precisamente con aplicación de multa y un proceso abierto desde el año pasado con motivo cierto de una fiscalización realizada al mismo, a la que se suma una denuncia que efectuó también en el mismo sentido de irregularidades al interior del hogar por parte del municipio de Pitrufquén en el mes de febrero de este año”, detalló Huentelicán, quien estuvo en el lugar durante los peritajes de Carabineros y la Bicrim.
La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, ratificó que tanto el municipio como los equipos de salud habían elevado múltiples alertas sobre el funcionamiento irregular de “El Edén”. En el hogar vivían 26 adultos mayores, provenientes no solo de Pitrufquén, sino también de comunas como Lautaro, Teodoro Schmidt y Temuco.
De los 10 rescatados, tres fueron trasladados por sus familias a sus domicilios. Los siete restantes fueron alojados en un albergue provisorio habilitado en una escuela, donde Senapred proveyó insumos básicos y Junaeb se encargará de su alimentación, ya que sus familias no pudieron albergarlos. La alcaldesa subrayó que las denuncias de irregularidades habían sido remitidas a las autoridades de salud regionales, incluyendo correos electrónicos de la directora de salud, la directora del Cesfam y el enfermero de atención rural a la Seremi de Salud, quienes deberán ahora dar explicaciones sobre la situación del recinto.
