A junio de 2026, el sistema de salud registra 68.878 garantías GES retrasadas, entre las que se incluyen miles de pacientes con cáncer. Se identificaron 4.151 casos de cáncer colorrectal, 2.614 de mama, 2.496 cervicouterino y 1.471 gástrico en espera, además de una cifra no especificada de pacientes oncológicos No GES.
Cerca del 90% de estas garantías retrasadas se concentra en el nivel terciario, donde se ubican los especialistas y la tecnología necesaria. Este problema persiste a pesar de que el Estado ha dispuesto recursos adicionales y existen convenios con el sector privado que podrían aumentar la capacidad de atención en la red pública.
La Alerta Oncológica, implementada previamente, logró movilizar recursos y resolver cientos de casos. Sin embargo, la acumulación de demoras meses después sugiere que el desafío no es solo la resolución puntual de casos, sino la gestión integral del flujo de pacientes y la integración de las capacidades existentes.
Actualmente, conviven pacientes en espera de diagnóstico, cirugía o tratamiento con una capacidad instalada, tanto pública como privada, que podría satisfacer esa demanda. Si hay pabellones disponibles en clínicas privadas mientras un paciente espera en un hospital público, el problema trasciende la falta de recursos para convertirse en una cuestión de gestión e integración de la red.
Chile no está utilizando su capacidad oncológica como una red unificada. Esta capacidad existe, pero está fragmentada entre instituciones con lógicas distintas, sistemas que no se comunican y compras de servicios dispersas. La pregunta clave tras la Alerta Oncológica debería ser cuánta capacidad sigue sin utilizarse mientras los pacientes esperan.
Mientras no se aborde esta cuestión, el sistema seguirá administrando listas de espera en lugar de gestionar una red nacional. Esto implica hospitales públicos y privados operando de forma aislada, Fonasa como un mero financiador, y pacientes asumiendo el rol de coordinadores de su propia enfermedad.
En el ámbito del cáncer, esta forma de organizar la atención está obsoleta. Un paciente debería tener una trayectoria clínica única: si un hospital público tiene capacidad, debe utilizarse; si no, el acceso a otro establecimiento público o privado debe ser posible, bajo reglas claras y estándares de calidad exigibles.
Para lograrlo, el Estado debe asegurar la dirección del sistema, Fonasa avanzar hacia la compra de trayectorias clínicas completas, los Servicios de Salud gestionar redes integrales y los privados integrarse con obligaciones de calidad definidas. Una plataforma nacional permitiría conocer en tiempo real la disponibilidad de radioterapia, pabellones, especialistas y diagnóstico, especialmente en situaciones de urgencia sanitaria.
Chile necesita un cambio de una lógica institucional a una de sistema, de prestaciones a resultados, y de espera a oportunidad. En el caso del cáncer, esto no es un debate ideológico, sino una necesidad sanitaria urgente. El paciente debe saber cuándo comenzará su tratamiento y que el sistema está haciendo todo lo posible por salvar su vida, sin preocuparse por la institución que lo atienda.
