La defensa del senador Miguel Ángel Calisto ha denunciado una presunta vulneración al derecho a defensa, argumentando que la Fiscalía consideró nuevos antecedentes en la etapa final de la investigación por fraude al Fisco sin que sus abogados tuvieran acceso a ellos.
Esta objeción surge tras el reciente cierre de la investigación y la acusación presentada por el Ministerio Público contra ocho imputados, incluyendo al senador Calisto, por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. La Fiscalía estima que el perjuicio fiscal asciende a más de $100 millones y ha solicitado nuevamente el desafuero del legislador.
Según explicó el abogado defensor, Nelson Salas, uno de los imputados, Ronald Cárcamo, modificó su testimonio y aportó nuevos antecedentes digitales en la fase final de la causa. Estos elementos habrían sido cruciales para la nueva acusación de la Fiscalía, pero la defensa de Calisto asegura no haber podido acceder a ellos.
“Lo que nosotros reclamamos es el derecho a conocer esas pruebas y esos antecedentes que fueron determinantes para el Ministerio Público. Tenemos derecho a conocerlos, revisarlos y poder controvertirlos”, afirmó Salas.
El abogado enfatizó que su objetivo no es retrasar el proceso, sino garantizar el derecho de su representado a conocer, analizar y refutar las pruebas que sustentan la imputación. Esta situación ocurre luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara, en julio, reabrir la investigación por 60 días para nuevas diligencias, incluyendo declaraciones y peritajes.
La nueva acusación del Ministerio Público sostiene que las asesorías parlamentarias de Carla Graf, contratada por la Cámara de Diputados como asesora de Calisto entre 2018 y 2022, nunca se habrían concretado. Las declaraciones tomadas durante la reapertura, según la Fiscalía, no lograron establecer cómo o cuándo Graf realizó dichas labores.
Además, la Fiscalía apunta a que parte de los fondos fiscales involucrados habrían beneficiado directamente a Calisto, Ronald Cárcamo y otros miembros del entonces Partido Demócrata Cristiano. La defensa, por su parte, mantiene que Graf sí prestó servicios de apoyo parlamentario y que existen pruebas como declaraciones, mensajes de WhatsApp y documentos que lo respaldan.
Frente a este escenario, el senador Calisto declaró estar disponible para enfrentar las instancias judiciales, pero reiteró la necesidad de que su defensa acceda a los antecedentes fiscales. “Si existen nuevos antecedentes que fueron determinantes para tomar esta decisión, lo mínimo es que mi defensa pueda conocerlos y revisarlos”, sentenció Calisto.
La defensa ha anticipado que impugnará las decisiones tomadas en esta etapa procesal y que prepara un recurso de amparo, alegando una posible vulneración del derecho a defensa de su cliente.
