La Fiscalía Local de Coyhaique ha presentado nuevamente una acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto y otras siete personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. La investigación se centra en un presunto perjuicio al Estado que supera los 100 millones de pesos, con hechos ocurridos principalmente durante el período en que Calisto ejercía como diputado.
Esta acción fiscal llega luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir la investigación, lo que permitió realizar diligencias específicas solicitadas por las defensas, como nuevas declaraciones y peritajes. Sin embargo, el Ministerio Público afirma que estas gestiones solo sirvieron para reforzar su tesis inicial.
La acusación sostiene que las supuestas asesorías parlamentarias realizadas por Carla Graf, quien fue contratada por la Cámara de Diputados como asesora de Calisto, nunca se llevaron a cabo. Los contratos bajo escrutinio fueron celebrados entre 2018 y 2022, cuando Calisto ocupaba un escaño en la Cámara Baja.
Según la Fiscalía, el parlamentario habría gestionado la contratación de Graf sabiendo que ella no cumpliría con las funciones establecidas. Se imputa que los contratos fueron un mecanismo para obtener recursos fiscales de manera irregular, y que parte de ese dinero benefició a Calisto, Roland Cárcamo y otros miembros vinculados al entonces Partido Demócrata Cristiano.
Las nuevas declaraciones tomadas durante la reapertura de la causa, incluyendo a integrantes del equipo parlamentario de Calisto como su jefe de gabinete, periodista, secretaria y chofer, no lograron establecer cómo Graf habría realizado sus labores. Ninguno pudo detallar el trabajo que, supuestamente, justificaba sus remuneraciones.
Esta tesis fiscal coincide con reportajes previos que señalaban que Graf y Cárcamo modificaron sus declaraciones iniciales ante la Fiscalía. Cárcamo afirmó que Graf fue usada como un “palo blanco”, mientras que ella declaró no haber prestado asesorías ni escritas ni verbales.
Por otro lado, la defensa de Calisto, representada por el abogado César Ramos, mantiene una versión opuesta. Sostienen que Graf sí prestó servicios de apoyo parlamentario y que existen declaraciones, mensajes de WhatsApp y documentos que respaldan esa posición. Calisto había indicado que las asesorías eran de carácter estratégico y que mantenía contacto directo con Graf.
No obstante, la Fiscalía insiste en que los informes presentados no acreditan trabajos efectivamente realizados. Un punto clave en la investigación son los traspasos de dinero entre Graf y Calisto. Antecedentes de la causa señalan que en abril de 2021, Graf recibió cerca de $2,8 millones desde el Congreso y el mismo día transfirió un monto equivalente a Calisto. El perjuicio fiscal total estimado por la Fiscalía supera los $105 millones.
La defensa de Calisto ha negado que estos movimientos constituyan una irregularidad, atribuyéndolos a transferencias relacionadas con amistades, vecindad y proyectos compartidos.
Conjuntamente con la acusación, el Ministerio Público ha solicitado nuevamente el desafuero de Calisto ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con el fin de que el caso pueda avanzar hacia un juicio oral.
