Dirigentes de oposición ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) para que el organismo se pronuncie y, eventualmente, inicie procedimientos sancionatorios contra el Ministerio de Justicia. La acción se debe a un presunto incumplimiento de una solicitud de la Defensoría de la Niñez, que busca la transparencia de los decretos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Los parlamentarios exigieron la pronta entrega de estos documentos, acusando al Gobierno de negarse a transparentar la información. El presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que han transcurrido 13 días desde que el caso se hizo público y que el Ministerio de Justicia no ha respondido a la Defensoría de la Niñez, que había dado un plazo de 5 días.
“¿Por qué el Gobierno se sigue negando a transparentar y entregar toda la información? ¿A quién protegen? ¿Qué ocultan? Nosotros vamos a llegar a las últimas consecuencias porque es inaceptable que la Defensoría de la Niñez haya tenido que, con una venda en los ojos, sin contar con toda la información, presentar a ciegas recursos de amparo en favor de las víctimas”, afirmó Soto.
Según el diputado, el ministro Rabat está obligado a entregar la información, basándose en el principio de transparencia. La jefa de la bancada PPD-Independientes, Andrea Parra, recordó las atribuciones de la Defensoría de la Niñez para solicitar antecedentes y cuestionó las contradicciones de Rabat, quien primero declaró que la información era pública y luego se negó a entregarla por “proteger a las víctimas”.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider instó al Ejecutivo a presentar “una propuesta clara para revertir esta situación” y aseguró que no descansarán hasta que las víctimas reciban respuestas. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, enfatizó la importancia de que las víctimas sepan si sus agresores sexuales están libres, información que el ministro “se escuda” en no entregar.
El subjefe del Comité PC e Independientes, Marcos Barraza, calificó de “perturbadora” la presencia del ministro Rabat en el Congreso. Acusó al Gobierno de implementar una “estrategia dilatoria, consciente, planificada y deliberada” para ocultar las responsabilidades políticas y jurídicas del ministro.
