La orden del Tribunal de Garantía de Iquique de retornar a cuatro miembros del denominado “Clan Chen” desde la cárcel de alta seguridad de La Laguna en Talca al penal de Alto Hospicio ha generado una ola de críticas en el oficialismo.
Parlamentarios han cuestionado las posibles repercusiones de esta medida en la estrategia contra el crimen organizado. El traslado original de estos individuos, considerados de alta peligrosidad, se había realizado hace dos semanas como parte de la “Operación Cancerbero”. Sin embargo, el tribunal decidió acoger un recurso al considerar que el informe de Gendarmería no cumplía con los estándares requeridos para justificar su permanencia en Talca.
Los legisladores oficialistas advierten que esta resolución judicial podría debilitar los esfuerzos del Gobierno por mantener aislados a criminales de alto perfil. Desde la UDI, los diputados Ximena Naranjo y Eduardo Cretton manifestaron su preocupación. Naranjo señaló que los recintos de alta seguridad fueron creados para evitar que internos peligrosos continúen coordinando delitos.
“Resulta contradictorio que, mientras se busca fortalecer esta estrategia, decisiones judiciales terminen permitiendo el regreso de integrantes de organizaciones criminales a recintos donde existe mayor riesgo de que mantengan sus redes”, afirmó.
Cretton enfatizó la necesidad de una acción coordinada entre instituciones ante estas bandas, que han demostrado capacidad para operar desde las prisiones.
Las críticas se extendieron a las “normativas garantistas” por parte de diputados del Partido Republicano, como Cristián Araya, Chiara Barchiesi y Enrique Bassaletti, todos integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Araya, quien consideró la “Operación Cancerbero” un éxito, sostuvo que el revés judicial demuestra la urgencia de modificar el marco legal. Barchiesi cuestionó el regreso del clan a Alto Hospicio, argumentando que no posee los mismos estándares de seguridad que la cárcel de Talca y recordó que el grupo es investigado por estafa, extorsión y lavado de activos.
“Tenemos la legítima duda si continúan cometiendo este tipo de delitos desde el interior de la cárcel de Alto Hospicio”, planteó.
Bassaletti, por su parte, instó a la Fiscalía a apelar y subrayó la importancia de una documentación rigurosa en futuras operaciones.
En este contexto, la abogada penalista Doris Espinoza, docente de la Universidad UNIACC, resaltó el rol de los tribunales y Gendarmería, afirmando que esta decisión genera un serio problema de competencias según el Decreto Ley 2.859, que asigna a Gendarmería la gestión de la población penal.
