Siete personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la operación “Alerta Forestal”, tras una investigación de casi dos años. Los acusados son señalados de pertenecer a clanes familiares dedicados a la tala y sustracción ilegal de bosque nativo en zonas de difícil acceso de Puerto Varas, región de Los Lagos.
La indagatoria también abarca la usurpación de terrenos fiscales, administrados por el Ejército, y de un predio particular. Los detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt llevaron a cabo los arrestos después de identificar un patrón de extracción y comercialización ilícita de madera.
Entre las especies afectadas se encuentran ulmos, coihues, canelos y lumas, cuya pérdida fue confirmada en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF). La PDI constató que los imputados cortaban estos árboles, trasladaban la madera y la vendían a terceros.
Las actividades ilegales se concentraron en áreas boscosas de Río Pescado y Las Marcas, próximos al límite entre Puerto Varas y Puerto Montt. Parte de estos hechos habrían ocurrido en predios fiscales bajo la administración del Regimiento Sangra del Ejército.
Durante el operativo se incautaron cuatro camionetas, un camión, tres tractores, un coloso y diez motosierras, herramientas presuntamente utilizadas en los ilícitos. Además, se decomisaron más de 77 metros cúbicos de leña nativa, otros 50 metros cúbicos de leña, seis metros cúbicos de trozos de coihue, 95 varas, cuatro basas y madera aserrada.
También se hallaron $2.745.000 en efectivo. El avalúo total de los bienes incautados supera los $78 millones, según reportes de medios locales.
Los siete detenidos enfrentan cargos por sustracción de madera, comercio clandestino, usurpación de terrenos y otras violaciones a la Ley 20.283 de recuperación y fomento del bosque nativo.
Esta investigación se originó por una querella de CONAF, que alertó sobre la tala ilegal en la zona desde 2014. El organismo estima que la intervención afectó aproximadamente 165 hectáreas, con un volumen de cerca de 89 mil metros cúbicos de madera. El perjuicio para el Estado superaría los $1.300 millones.
“La afectación en hectáreas son aproximadamente 165 hectáreas y el daño o la corta ilegal de madera, en este caso como es un predio fiscal que pasa por ley de robo de madera, afectó aproximadamente 89.000 metros cúbicos”, explicó el director regional de CONAF, Fernando Gebhardt.
La querella de CONAF también documenta un incidente en 2023, donde cuatro personas fueron sorprendidas con motosierras y hachas en un predio del Regimiento Sangra, siendo retenidas por militares y entregadas a Carabineros.
Familiares y allegados a los imputados han refutado las acusaciones, alegando que la extracción de leña ha sido históricamente su medio de subsistencia en la zona. La audiencia judicial se mantiene bajo reserva, por solicitud de la Fiscalía de Puerto Varas.
