El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por presunto fraude al fisco en el marco del caso Junaeb, que indaga irregularidades en contratos de alimentación escolar. La acción judicial, sin embargo, no individualiza a los políticos que figuran en la investigación, lo que ha generado interrogantes sobre sus implicancias.
La querella del CDE fue dirigida contra todos quienes resulten responsables en la causa, a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente. La indagatoria se centra en pagos a la empresa Soser por servicios que, supuestamente, no fueron entregados. Se cuestionan desembolsos que superan los 14 mil millones de pesos por onces escolares que no se habrían ejecutado, además de modificaciones contractuales que habrían beneficiado a proveedores.
Entre los nombres vinculados a la investigación se encuentran los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el abogado y lobista Darío Calderón, conocido como el “Conde Negro” y defendido por Samuel Donoso. A pesar de su presencia en la indagatoria, ninguno de ellos aparece individualizado en la querella del CDE.
El Consejo de Defensa del Estado tiene la facultad solo de un querellante que, como quien dice, es la de ayudar al fiscal. Por lo tanto, más allá de lo que diga el Consejo o no diga, el fiscal puede tomar las medidas que correspondan, imputar a quien le parezca.
El académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, explicó que esta omisión no limita a la Fiscalía para continuar con la investigación e imputar a personas determinadas, ya que el Ministerio Público es quien dirige la persecución penal. La querella, además, permite al CDE participar activamente, solicitar diligencias y plantea la investigación por posibles delitos de soborno y cohecho.
El abogado y académico de la Universidad Central, Cristóbal Contardi, sugirió que el Consejo podría ampliar su acción legal contra otras personas si surgen nuevos antecedentes durante el curso de la investigación. Actualmente, se analizan dispositivos electrónicos incautados a algunos investigados, aunque la Corte de Apelaciones de Santiago ha establecido límites para revisar comunicaciones privadas no relacionadas con los hechos.
Por su parte, el docente de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, destacó que la acción del CDE busca determinar los montos exactos comprometidos y facilitar la recuperación de recursos públicos. Asimismo, advirtió que una eventual condena por fraude al fisco en este caso podría acarrear penas de cárcel significativas, que irían desde 5 años y un día a 10 años, considerando la cifra de 14 mil millones de pesos reportada por Contraloría.
Hasta ahora, no se han establecido responsabilidades penales. La investigación deberá precisar el destino de los recursos, las posibles gestiones irregulares y si emergen nuevos antecedentes que vinculen a otros actores en esta compleja trama.
