La abogada Karina Riquelme Viveros, en representación del comunero mapuche José Tralcal Coche, ha presentado una querella criminal admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio.
La acción judicial imputa a Hermosilla los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. Esta querella se basa en revelaciones sobre coordinaciones clandestinas que, en agosto de 2018, buscaron intervenir en la Segunda Sala de la Corte Suprema durante la revisión del recurso de nulidad en el caso Luchsinger-Mackay.
Los registros del teléfono de Hermosilla muestran que consultó a su intermediario, José Ramón Correa, sobre un contacto en la sala penal: “Tú más amigo de la sala penal quien es?”. Correa identificó al ministro “Valderrama”. Tras esto, Hermosilla instruyó: “Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger”, argumentando que era “clave para avanzar en el proceso de pacificación de la región (de La Araucanía)” y que “un cuarto juicio sería fatal”.
La querella detalla llamadas y gestiones informales para incidir en el máximo tribunal. El 9 de agosto de 2018, Correa instó a Hermosilla a contactar al ministro Manuel Valderrama. Hermosilla confirmó la llamada, calificándola como “buena” y de “emergencia para transmitir el mensaje”. Posteriormente, Correa informó que el magistrado “estaba agradecido del llamado” e incluso compartió información interna sobre las ausencias de otros ministros, como Hugo Dolmetsch.
“Un cuarto juicio sería fatal”
“Fue de emergencia para transmitir el mensaje”
Estas presiones culminaron el 10 de octubre de 2018, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad, confirmando las condenas, aunque rebajó la pena al descartar la calificación terrorista. Es relevante recordar que el expresidente Piñera había manifestado su satisfacción por la condena antes de que estuviera firme. Actualmente, el caso es examinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por posibles violaciones al debido proceso.
La competencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se fundamenta en que los delitos habrían comenzado a ejecutarse en el Palacio de La Moneda. En ese momento, Luis Hermosilla era abogado asesor contratado por el Gobierno, encargado por Andrés Chadwick para representar al Estado en la causa penal. Incorporado a la Subsecretaría del Interior, Hermosilla habría planificado y ejecutado las maniobras ilícitas desde las dependencias del Ejecutivo en el centro de Santiago, ejerciendo influencia sobre la Corte Suprema.
La parte querellante subraya que esta acción busca transparentar vicios institucionales en la administración de justicia, asegurando que la igualdad ante la ley y el debido proceso no sean subordinados a coordinaciones informales o intereses políticos. La querella pide al Ministerio Público que se investigue a fondo.
