Un mecanismo impulsado desde el Ministerio de Hacienda para acelerar la tramitación ambiental de proyectos de inversión, destinado a combatir la “permisología”, terminó beneficiando directamente a una iniciativa inmobiliaria vinculada al hermano del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Así lo reveló una investigación de CIPER que detalla el proyecto Alto Santorini, el cual contempla una inversión de US$43,6 millones (cerca de $40 mil millones) y se ubicará muy cerca de las dunas de Concón, en la región de Valparaíso.
Según la investigación, Víctor Quiroz, hermano del ministro, no solo participa en la propiedad de este proyecto junto a su familia, sino que también integra la oficina de arquitectura que lo diseñó y realizó gestiones de lobby ante diversas autoridades regionales.
El pasado 8 de julio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso otorgó una calificación ambiental favorable a Alto Santorini. Esto ocurrió a pesar de que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantenía observaciones críticas sobre posibles riesgos de remociones en masa en el área.
Alto Santorini es propiedad de Inmobiliaria Lote 21 SpA. Los antecedentes societarios revisados por CIPER indican que el 24% de esta empresa pertenece a Inversiones M y E Limitada, firma que se divide equitativamente entre PW Inversiones y Almar Inversiones. Esta última sociedad es controlada en un 70% por Víctor Quiroz, mientras que el 30% restante se distribuye entre su esposa y sus dos hijos. De esta manera, la familia del hermano del ministro tiene una participación del 12% en la propiedad de Alto Santorini.
La relación de Víctor Quiroz con el proyecto va más allá de su rol empresarial. Su estudio, Quiroz y Puelma Arquitectos, que comparte con su socio Raúl Puelma, fue responsable del diseño del edificio. Además, antes de que el SEA diera su aprobación, Víctor Quiroz registró diez audiencias de lobby con autoridades de la región de Valparaíso.
La evaluación ambiental de Alto Santorini ha sido un proceso largo. En 2023, tras el socavón que afectó a un edificio en el sector dunar de Reñaca, el proceso se suspendió y se retomó en julio de 2024. Durante la evaluación, 11 organismos públicos presentaron observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Los representantes del proyecto solicitaron dos extensiones de plazo para responder, la última hasta el 31 de marzo de este año, es decir, después de que Jorge Quiroz asumiera su cargo ministerial.
El Sernageomin fue uno de los organismos que mantuvo sus cuestionamientos. Ya en 2024, advirtió sobre el peligro de deslizamientos y derrumbes en el terreno, solicitando un estudio específico. A pesar de los nuevos antecedentes presentados por la inmobiliaria, el 28 de abril el organismo reiteró sus reparos, señalando que no era posible descartar impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población asociados a este tipo de fenómenos. Pese a ello, la observación no fue incorporada por el SEA en la evaluación ambiental. El organismo argumentó que la geomorfología no constituye un objeto de protección dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En paralelo a la tramitación de Alto Santorini, el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, puso en marcha un sistema destinado a agilizar proyectos de inversión que no requieren una evaluación completa. En un artículo de CIPER de octubre de 2023 se señala que este sistema se activó con la creación del “Comité de Proyectos en el SEIA”, organismo que no registra actas públicas de sus sesiones, lo que genera dudas sobre la transparencia de sus procedimientos.
