La reciente venta de la “casa de Allende”, ubicada en Guardia Vieja 392, por mil millones de pesos a una empresa privada que la transformará en oficinas, ha puesto en entredicho la supuesta defensa del legado histórico. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la verdadera motivación detrás de las negociaciones previas, donde el argumento patrimonial cambiaba según el comprador.
Cuando la intención de compra era estatal, la operación se presentaba como un imperativo para la nación. Sin embargo, con la aparición de un comprador particular, el concepto de legado histórico dejó de exigir la conservación del inmueble como museo, priorizando el negocio.
La oferta al Estado contemplaba el pago de aproximadamente mil millones de pesos. Posteriormente, la administración del inmueble se entregaría en comodato a una fundación controlada por la familia Allende, lo que en esencia implicaba que el Estado financiaba la propiedad que seguiría bajo el control familiar.
Frente a esta situación, la Fundación Fuerza Ciudadana, en enero de 2025, interpuso una acción penal que dio origen a la investigación. El proceso incluyó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra Maya Fernández, solicitudes de diligencias y declaraciones, e insistencia ante la Fiscalía Nacional cuando el fiscal Patricio Cooper decidió no perseverar.
“Hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable.”
Así lo señaló la fundación al cerrarse la investigación. Además, se presentó una acción penal por la contratación directa, con fondos públicos, del abogado particular de Gabriel Boric por 350 UF. Tras un intento de sobreseimiento definitivo, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión, argumentando que no se justificaba la necesidad pública de dicha contratación.
Pero la “casa de Allende” no es el único caso bajo escrutinio. La investigación también abordó un contrato de 2004 por trato directo: la venta del Palacio Heiremans, ubicado en República 475, realizada por el Serviu Metropolitano a la Fundación Salvador Allende.
Este inmueble fue vendido por 27.493 UF, con un plan de pago en diez cuotas anuales. No obstante, la fundación dejó de pagar en 2007 y mantuvo la deuda por años sin que el Serviu ejecutara acciones de cobro. La deuda, cercana a 556 millones de pesos, se saldó finalmente mediante la dación en pago de una colección de 93 obras de arte.
Lo notable es que el propio Serviu reconoció que las obras fueron entregadas “ficticiamente”, pues quedaron depositadas físicamente en manos de la misma fundación. Años después, el organismo aún gestionaba su traslado. La Contraloría, por su parte, constató el incumplimiento de la normativa para prescindir de subasta pública, aunque declaró prescritas las responsabilidades administrativas.
A pesar de ello, la Contraloría no se pronunció sobre la Nulidad Absoluta de dicha venta, al no contar con la autorización de los Ministros de Hacienda ni de Vivienda de la época. Frente a estos antecedentes, la demanda de nulidad de derecho público se amplió ante el 21º Juzgado Civil de Santiago, solicitando la restitución del Palacio Heiremans al patrimonio del Serviu Metropolitano.
Se oficiaron al Serviu, al Consejo de Defensa del Estado y al Museo Nacional de Bellas Artes para que asumieran sus responsabilidades, con el objetivo claro de “devolver al pueblo lo que es del pueblo”. Aunque la Fundación Allende defendió la legalidad de la dación en pago y la independencia de las tasaciones, pese a las conexiones de los tasadores con la fundación, serán los tribunales quienes resuelvan estos conflictos.
La ciudadanía se pregunta cómo una entidad privada, vinculada a una familia influyente, pudo adquirir directamente un bien fiscal, incurrir en años de impago, saldar la deuda con obras bajo su propia custodia y aún así seguir recibiendo cuantiosos aportes estatales, en un patrón que la venta de Guardia Vieja parece confirmar como un negocio recurrente más que un legado.
