Alcaldes, parlamentarios y organizaciones habitacionales llegaron hasta el Palacio de La Moneda para exigir al Ejecutivo que frene la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ante este escenario, se programó una reunión con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y los líderes comunales para discutir las preocupaciones que han generado estos cambios.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y que desde abril se encuentra en la Contraloría, busca reducir los costos de las viviendas a través de ajustes en las normas de construcción y densificación. Sin embargo, diversos actores han alertado sobre los posibles efectos negativos, como la sobredensificación y la aparición de nuevos “guetos verticales”.
Nosotros no estamos en contra de la construcción de edificios, sino todo lo contrario. Queremos construcción de edificios que sean a escala humana, no edificios que destruyan los barrios.
Durante su proceso de consulta, la modificación recibió 957 observaciones. Tras esto, el Gobierno presentó a la Contraloría una versión actualizada, con ajustes y un incremento de la densidad bruta respecto a la propuesta inicial. El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, expresó la necesidad de avanzar hacia una planificación urbana diferente. “Nosotros no estamos en contra de la construcción de edificios, sino todo lo contrario. Queremos construcción de edificios que sean a escala humana, no edificios que destruyan los barrios”, afirmó.
Por su parte, la concejala de Estación Central, Victoria Herrera, advirtió que este tipo de construcciones deterioran la calidad de vida de los habitantes de esos sectores. “Sé lo que implica construir sin medidas, sobre todo afectando la dignidad y calidad de vida de las vecinas y vecinos”, sentenció.
La senadora Fabiola Campillai también se unió a la solicitud, criticando que el Gobierno aborde la vivienda principalmente como un negocio y no como un derecho. “El problema es para quién se construya. No podemos permitir que se pase por encima de la planificación local. La vivienda es un derecho, no un negocio”, argumentó.
Desde el ámbito académico, el presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad, Álvaro Ramis, manifestó que los impactos podrían extenderse más allá de Estación Central, afectando a otras áreas de Santiago, especialmente aquellas cercanas a la Línea 2 del Metro. “Estación Central es un caso emblemático, pero muchas otras comunas, como las que están en torno a la línea 2 del metro, la multimodal de La Cisterna, por ejemplo, es un lugar donde podría darse un efecto muy dañino respecto al entorno”, alertó.
La reunión entre el ministro Poduje y los dirigentes comunales para discutir las inquietudes se realizará el próximo 26 de agosto. Esta nueva instancia de diálogo surge tras las movilizaciones del mes pasado, cuando organizaciones habitacionales marcharon hasta el Minvu. La controversia se traslada ahora a una mesa formal, mientras los opositores esperan que el Gobierno revise nuevamente los alcances de la iniciativa antes del pronunciamiento de la Contraloría.
