Una nueva polémica sacude a La Moneda tras la evidente descoordinación interna respecto al requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por la Ley de Reconstrucción. La situación escaló cuando el biministro Claudio Alvarado admitió públicamente no haber sido informado sobre esta acción judicial, desatando una serie de cuestionamientos cruzados entre los ministerios del Interior, Segpres y Hacienda.
Este episodio se suma a la disparidad de criterios que ha mostrado el Ejecutivo en otras materias, como la propuesta de declarar feriado el 17 de septiembre. Mientras el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, señaló en Radio Infinita que la iniciativa se evaluaría, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya la había descartado. Casi simultáneamente, el propio biministro Alvarado también se sumaba a quienes desechaban la medida, profundizando la percepción de desorden.
La falta de comunicación se hizo más patente cuando se reveló que la decisión de recurrir al TC no fue comunicada a todo el gabinete. El Gobierno presentó un requerimiento para impugnar el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción, que exige a las empresas de servicios básicos (agua potable, electricidad y gas) reconectar gratuitamente los suministros en zonas de catástrofe, incluso para clientes morosos.
El requerimiento fue firmado por los ministros José García (Segpres), Jorge Quiroz (Hacienda), Ximena Rincón (Energía) y Louis de Grange (Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas). Sin embargo, su presentación no fue anunciada públicamente ni abordada en la vocería del lunes, liderada por Claudio Alvarado, quien al día siguiente reconoció su desconocimiento.
“Es una información con la cual yo no contaba en su minuto. Es una información que yo no tenía, así que, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas de las que no dispongo información. Es un proyecto que siempre ha tenido la conducción técnica y legislativa de Hacienda”, declaró Alvarado.
Cabe destacar que el 3 de agosto, durante el Comité Político Ampliado, se había confirmado que La Moneda evaluaba recurrir al TC en esta materia, instancia en la que Alvarado estuvo presente. A pesar de que también se consideraron otras alternativas, como un veto presidencial, esta opción fue finalmente desechada.
Mientras desde la Secretaría de Comunicaciones se afirmó que Hacienda había enviado una minuta informando sobre la presentación, desde el Ministerio del Interior negaron haberla recibido. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, defendió que su partido sí fue notificado por la Segpres, atribuyendo el error a un problema de coordinación con el jefe de gabinete.
“Aquí probablemente hubo un problema de coordinación, que la persona que tenía que informarle al ministro no lo hizo, pero al menos la persona que tenía que informarle a los presidentes de partido sí lo hizo”, explicó Ramírez, añadiendo que “tenía clarísimo que iban a ir al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, estas cosas pasan; lo importante es que se aprenda del error y que no se vuelva a cometer”.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, admitió la falla en la comunicación interna, aunque minimizó su gravedad. “No hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación interna más formal debemos haber tenido y, por esa razón, él no estaba debidamente informado. No hemos tenido ninguna intención de ocultar información, sería absurdo, sino que hemos tenido semanas muy intensas de trabajo, a ustedes les consta, y es muy probable que eso haya hecho que no hayamos tenido una comunicación formal con el ministro Alvarado”, argumentó.
Desde la oposición, el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, aprovechó la coyuntura para cuestionar el rol de Alvarado, sugiriendo que la cantidad de responsabilidades que ha asumido el biministro podría impedirle mantener un control efectivo de las comunicaciones y decisiones del Ejecutivo.
