El presidente José Antonio Kast promulgó la Ley Escuelas Protegidas (Boletín 18.156-04), una iniciativa clave para combatir la creciente violencia en los establecimientos educacionales. Esta nueva normativa, que permite la revisión de mochilas bajo estrictos protocolos, fue defendida por el mandatario con la frase: “el que nada hace, nada teme”.
La ley busca dotar a colegios y profesores de herramientas más eficaces para enfrentar situaciones de violencia, amenazas y el ingreso de armas. El Ejecutivo reportó un preocupante aumento del 58% en las denuncias por maltrato contra adultos ante la Superintendencia de Educación entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695. Además, Carabineros registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en recintos educativos durante 2025.
Durante la ceremonia, Kast enfatizó la funcionalidad de la legislación: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”, sostuvo.
Uno de los ejes principales de la Ley Escuelas Protegidas es la facultad de los establecimientos para incluir en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias. Este proceso debe ser llevado a cabo por personal capacitado, siempre respetando derechos fundamentales como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso. Es importante destacar que la normativa prohíbe explícitamente las revisiones corporales o de vestimenta.
El mandatario comparó esta medida con los controles de seguridad en aeropuertos, argumentando que el objetivo es garantizar la seguridad de todos. “Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”, explicó Kast, añadiendo: “¿Por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila? (…) El que nada hace, nada teme”.
La ley también otorga mayores atribuciones a los docentes para implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata, siempre bajo criterios de proporcionalidad para mantener el orden en las aulas. Asimismo, exige que los reglamentos escolares prohíban elementos que impidan la identificación facial, salvo excepciones justificadas, y califica como grave afectación a la convivencia las amenazas que interrumpan las actividades académicas.
Los padres y apoderados, por su parte, tendrán la obligación de asistir a citaciones relacionadas con medidas disciplinarias, convivencia o situaciones de violencia escolar. Aunque la iniciativa fue aprobada por el Congreso el 2 de junio, el Tribunal Constitucional eliminó disposiciones controversiales, como la revisión de mochilas por parte de Carabineros o la PDI ante la negativa de un estudiante y la prohibición de acceso a gratuidad universitaria para condenados por violencia escolar.
Gracias a estas modificaciones, la facultad de revisión de mochilas recae ahora exclusivamente en los propios establecimientos, quienes deberán establecer sus propios protocolos internos, marcando un paso más en la búsqueda de entornos educativos más seguros y ordenados.
