La ley corta de Seguridad Municipal, presentada por el Gobierno, comenzó su tramitación este lunes en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa busca corregir deficiencias en el articulado original de la ley, el cual fue duramente criticado por alcaldes que advirtieron que, sin cambios, representaría “un disparo en los pies”. El objetivo principal es agilizar la contratación y capacitación de los inspectores de seguridad comunal.
Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto excluye las remuneraciones del personal de seguridad municipal del límite de gasto del 42% de los ingresos propios de cada municipio. En su lugar, se establece un nuevo límite específico del 4%, que puede ampliarse hasta un 20% con la autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Además, la propuesta contempla postergar por 36 meses la exigencia de que los conductores de vehículos de seguridad municipal cuenten con licencia clase F. Para ello, se mandata a la Subsecretaría de Prevención del Delito a firmar convenios con las policías y Fuerzas Armadas para la capacitación del personal municipal.
En el ámbito administrativo, la ley corta otorga mayor estabilidad jurídica al reconocer a los inspectores de seguridad municipal como funcionarios públicos. También permite que la evaluación de idoneidad física y psicológica del personal en ejercicio se pueda realizar en centros de salud públicos o privados, con un plazo de 12 meses para su acreditación.
La diputada del PPD e integrante de la comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, valoró la iniciativa y afirmó que permitirá solucionar parte de las dificultades que actualmente enfrentan los municipios. “Establece la posibilidad de contratar inspectores de seguridad municipal bajo normas del Código del Trabajo, excluyéndolos del cálculo del límite del gasto anual. Finalmente, esto constituía un problema para muchos alcaldes que ahora con este proyecto se va a solucionar”, explicó.
La sesión de la comisión se extendió este lunes entre las 17:15 y las 21:00 horas, y se anticipa un rápido avance en la discusión debido al amplio respaldo transversal que posee la iniciativa. En paralelo, la Sala de la Cámara de Diputados abordó los tres vetos gubernamentales a la denominada megarreforma.
El proyecto cuenta también con el apoyo de los alcaldes. Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, había advertido previamente sobre los riesgos de la normativa original.
“La entrada en vigencia en el mes de agosto de esta ley de seguridad que tanto anhelamos los municipios sin el reglamento acorde era un disparo a los pies; entonces agradecemos que el Gobierno nos haya escuchado, agradecemos que haya tomado un porcentaje importante de nuestras propuestas”, sostuvo Alessandri.
La iniciativa se ingresó con urgencia de discusión inmediata, y el Ejecutivo aspira a que su tramitación en el Congreso se complete esta misma semana, dado el consenso político en torno a su necesidad.
