El Gobierno anunció que ingresará durante agosto un proyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La propuesta, impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, busca redefinir la estructura y atribuciones del organismo, eliminando específicamente su facultad para presentar querellas criminales.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la iniciativa, explicando que el objetivo es transformar al INDH en un órgano principalmente consultivo. La medida se basa en experiencias internacionales y los Principios de París, que, según el Ejecutivo, no contemplan la interposición de acciones judiciales como una función inherente a estos organismos.
“Esperamos, durante el mes de agosto, tener listo el proyecto de ley. Efectivamente, cuando hablamos de dejar al Instituto Nacional de Derechos Humanos como un órgano consultivo, es eliminar su facultad de interponer querellas criminales”, afirmó Rabat.
Desde La Moneda, se ha cuestionado el funcionamiento del INDH, acusando al organismo de haber actuado con “tintes ideológicos” en el pasado y de haber presentado querellas sin la totalidad de los antecedentes necesarios. La reforma busca que el instituto se enfoque en la promoción, observación y asesoría en derechos humanos, dejando de lado su participación directa en procesos judiciales.
La propuesta generó un fuerte desacuerdo con la actual dirección del INDH, liderada por Yerko Ljubetic. Durante una sesión en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ljubetic defendió enérgicamente la capacidad del instituto para recurrir a los tribunales, negando cualquier uso irresponsable de esta atribución.
El director del INDH detalló que, desde su creación, el organismo ha presentado más de 6.000 querellas y ha sido condenado al pago de costas en solo siete ocasiones. Para Ljubetic, esta facultad es crucial para la función de protección ante vulneraciones de derechos humanos.
Entre los parlamentarios, la iniciativa también dividió opiniones. El diputado socialista Raúl Leiva expresó su preocupación por la limitación de atribuciones, destacando la importancia de que el INDH acompañe a víctimas de delitos o abusos cometidos por agentes estatales. En contraste, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, sugirió una vía intermedia: mantener la facultad de querellarse, pero elevando los estándares para su aprobación, como un quórum de dos tercios.
De esta forma, la discusión no solo se centra en la eliminación de las querellas, sino también en las posibles condiciones bajo las cuales el INDH podría ejercerlas en el futuro.
