Un reciente sondeo de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de agosto, ha puesto de manifiesto un contundente respaldo ciudadano a las principales medidas del plan de seguridad presentado por el gobierno del presidente José Antonio Kast.
La propuesta que concita el mayor apoyo, con un 88%, es el aumento de penas para quienes recluten a menores de edad con fines delictivos. Esta cifra subraya la preocupación por la protección de la infancia ante el crimen organizado.
En la misma línea de endurecimiento de la seguridad, un 84% de los encuestados se mostró a favor de mantener una presencia policial constante en los 50 barrios más críticos del país. Además, el 82% apoya establecer como delito, con penas agravadas, la pertenencia a una organización criminal, apuntando a una estrategia frontal contra las bandas delictuales.
La encuesta también revela un amplio consenso sobre el rol del Estado en la seguridad. Un 79% está de acuerdo con que la Constitución establezca explícitamente el deber del Estado de proteger la seguridad de las personas.
Sin embargo, la opinión pública se muestra más dividida respecto a la creación de un nuevo estado de excepción, con un 49% a favor y un 44% en desacuerdo. Pese a esta división general, algunas de las medidas específicas asociadas a esta herramienta cuentan con mayor aprobación:
- Un 76% aprueba permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros en operaciones contra el crimen organizado en zonas delimitadas.
- Un 70% respalda la posibilidad de interceptar telecomunicaciones en dichos sectores.
Por otro lado, la restricción temporal de la libertad de tránsito en barrios específicos es apoyada por el 49%, mientras que el 41% respalda limitar la libertad de reunión en áreas determinadas.
En cuanto a la evaluación presidencial, José Antonio Kast registró un aumento de dos puntos en su aprobación durante la primera semana de agosto, alcanzando el 40%, mientras que el 56% desaprueba su gestión. Estos datos evidencian que, si bien hay un alto consenso en medidas de seguridad específicas, la gestión presidencial global aún mantiene opiniones polarizadas entre la ciudadanía.
