Los recientes temporales que golpearon el país dejaron una clara evidencia: la infraestructura natural de las ciudades es una defensa eficaz, asegura la protección de las familias y genera un ahorro significativo para el Estado al reducir los costos de reconstrucción. Las zonas urbanas que sufrieron inundaciones históricas mostraron una constante: los gobiernos avanzados ahora planifican el desarrollo territorial desde la gestión inteligente del riesgo, en lugar de solo reaccionar ante las emergencias.
Ante el avance del cambio climático y escenarios meteorológicos cada vez más extremos, toda la infraestructura pública se ve exigida. En Chile, la Ley de Humedales Urbanos ya ofrece herramientas para anticiparse a estas crisis. Valdivia, la primera Ciudad Humedal de América Latina, es un caso exitoso en seguridad ciudadana, donde ecosistemas como Angachilla, Catrico, Krahmer y Teja funcionaron como una eficiente red de contención pluvial.
Situaciones similares se vieron en Coquimbo, donde el humedal El Culebrón mitigó la activación de quebradas; en el sistema Rocuant-Andalién en Talcahuano; y en Paicaví en Concepción, este último considerado una barrera defensiva estratégica. Sin embargo, Paicaví enfrenta hoy la amenaza de un proyecto habitacional que, de construirse, expondría a sus futuros residentes a un riesgo directo de anegamiento.
La seguridad de las ciudades requiere una actualización profunda de la planificación territorial, superando las capacidades estructurales actuales frente a un clima extremo. Esto implica una política de Estado articulada a nivel nacional, que entienda que el recorrido del agua no se limita al radio urbano.
Es fundamental proteger integralmente las cuencas, incluyendo la conservación de turberas y humedales rurales en el sur de Chile, además de la limpieza periódica de cauces a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Preservar estas áreas fuera de la ciudad es la primera línea de defensa para evitar desbordes aguas abajo, gestionando el riesgo de forma integral en toda la cuenca.
Esta visión de continuidad territorial debe establecer un nuevo estándar habitacional. La urgencia de construir viviendas debe ir de la mano con la garantía de entornos seguros. La política pública futura debe integrar la infraestructura de ingeniería tradicional con la infraestructura verde, creando barrios resilientes desde su concepción en una alianza virtuosa.
Para que esta planificación sea viable, se necesita certeza técnica en el desarrollo. Criterios de delimitación rigurosos no son una barrera, sino un incentivo para la inversión formal. Reglas claras y definitivas resguardan el patrimonio de las comunidades, brindan garantías a los proyectos sostenibles y alinean al país con socios internacionales como la Unión Europea, que impulsa políticas urbanas resilientes.
El funcionamiento de estas medidas en la práctica depende de instituciones sólidas. La implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), con reglamentos claros y capacidad de fiscalización, es crucial para concretar estas políticas. La labor de los municipios y otras entidades para prevenir intervenciones irregulares a tiempo es la herramienta más eficiente del Estado para proteger recursos y vidas.
