Cientos de fiscales chilenos fueron blanco de una campaña masiva de extorsión a través de correos electrónicos. Los mensajes, recibidos la medianoche del miércoles 29 de julio, exigían un pago de 750 dólares en bitcoins a cambio de no divulgar supuesta información privada obtenida de sus dispositivos y actividades en internet.
La particularidad de esta amenaza radica en que los correos provenían de una dirección asociada a la Asociación de Fiscales (@fiscales.cl), lo que generó sospechas de una posible vulneración a los sistemas de la organización gremial.
Según una fiscal consultada por Bío Bío Investiga, el incidente ocurrió hace dos semanas y fue reportado a sus superiores y a la Asociación Nacional de Fiscales, aunque no está claro si se inició una investigación penal.
“Tengo malas noticias para usted. Desde hace aproximadamente unos meses tengo acceso a los dispositivos que utiliza para navegar por Internet. Durante ese tiempo, he estado rastreando toda su actividad en la web.”, detallaba el correo, agregando: “He descargado toda su información: datos, fotos e historial de navegación web en mis servidores. Tengo acceso a todos tus messenger, redes sociales, correos electrónicos, historiales de chat y listas de contactos”. La amenaza escalaba con la frase: “He conseguido grabar varios de sus sucios numeritos”.
La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, fundada en marzo de 2007 y que agrupa a cerca del 90% de los fiscales adjuntos chilenos, descartó la gravedad de la situación. Desde la entidad aseguraron que se trató de un “spam” y que ningún funcionario cedió a las exigencias.
“No existen antecedentes que permitan sostener que las cuentas de correo electrónico de los fiscales hayan sido comprometidas ni que se haya producido una filtración de información institucional o personal”, aclararon desde la Asociación, que, no obstante, inició coordinaciones para “revisar el origen del envío y adoptar las medidas que resulten necesarias”.
Pese a que los e-mails salieron de una cuenta vinculada a la institución ([email protected]), la gremial no especificó si denunciaron los hechos al Ministerio Público ni si se trató de un hackeo o de otra vulneración a sus sistemas de seguridad.
El arquitecto en ciberseguridad y especialista en Hacking Ético, Diego Cáceres Solís de la Pontificia Universidad Católica, explicó que se trata de una suplantación. La dirección “bounces” es una casilla técnica para gestionar envíos masivos, y una configuración de seguridad deficiente pudo ser explotada por terceros, haciendo parecer que los mensajes provenían del dominio institucional sin que fuera así directamente.
La investigación sobre el origen exacto y la vulnerabilidad en los sistemas de la Asociación de Fiscales continúa, buscando determinar cómo se permitió la suplantación desde una dirección oficial y prevenir futuros incidentes de este tipo.
