Una grave disputa legal amenaza la estabilidad de Deportes Concepción, en momentos en que el equipo lila mostraba un repunte deportivo. El Club Social y de Deportes Concepción confirmó haber sido notificado de un procedimiento arbitral iniciado por Inversiones Vicjo SpA, accionista mayoritario de El Conce SADP, por una cifra que asciende a 49 mil UF, equivalentes a unos 2.000 millones de pesos.
El origen de la controversia se remonta a la desafiliación de Deportes Concepción en 2016 y las obligaciones económicas derivadas de ese proceso. Según el Club Social, estas deudas se generaron durante administraciones de concesionarias externas, en las que la entidad asegura no haber tenido participación directa.
A lo largo de los años, se suscribieron diversos acuerdos para intentar resolver la obligación, incluyendo instrumentos firmados en 2023. Los alcances y efectos de estos documentos son ahora parte central del arbitraje.
El directorio del Club Social intentó sin éxito alcanzar un acuerdo con Inversiones Vicjo para poner fin al conflicto. Durante estas negociaciones, se evaluó la posibilidad de entregar como garantía el Complejo Deportivo de Nonguén, opción que fue desestimada por no contar con la aprobación de la Asamblea de socios.
Ante este escenario, la directiva del Club Social ha asegurado que ya tomó las medidas jurídicas necesarias para resguardar el patrimonio institucional y afrontar el proceso arbitral.
“Pese al origen y lo injusto de esa deuda y arrastrar estos problemas hasta 10 años después, nosotros como directorio siempre tuvimos la disposición de buscar una solución a esto. Mantuvimos conversaciones con la sociedad anónima, realizamos propuestas concretas para poder cerrar definitivamente este problema y lograr un acuerdo que sea conveniente para ambas instituciones. Pero lamentablemente desde la contraparte se decidió no continuar con las conversaciones y optaron por iniciar este procedimiento arbitral”, indicó.
El presidente del Club Social lila, Renato Varela, calificó la acción de la S.A. como una “traición” en declaraciones a BioBioChile. Varela enfatizó la disposición de su directorio para dialogar y buscar una solución, presentando propuestas concretas que, lamentablemente, no fueron aceptadas.
El directivo expresó su preocupación por el riesgo que la demanda implica para el patrimonio del club.
“Nuestra posición actual como Club Social, con todas las herramientas jurídicas que tengamos disponibles, es ir a defendernos para poder resguardar nuestro patrimonio, ya que esta demanda, en caso de perderla, pone en riesgo nuestro principal activo, que son los campos deportivos de Nonguén. Es el mayor riesgo que tenemos actualmente”, añadió.
Varela subrayó que el Club Social es una corporación sin fines de lucro, lo que limita sus opciones de pago para una deuda de 1.350 millones. Recordó que actualmente arriendan los campos de Nonguén a la SADP en un uso compartido que, hasta ahora, funcionaba bien. La demanda es vista como un retroceso en las relaciones entre ambas instituciones.
Entre las propuestas del Club Social estaba renegociar el contrato de uso de las marcas asociadas a Deportes Concepción, vigente hasta 2029. La idea era fijar un monto fijo en dinero a descontar de la deuda, aprovechando que el club no está explotando comercialmente espacios estáticos en el estadio.
La opción de hipotecar Nonguén como garantía fue solicitada por Inversiones Vicjo, pero la Asamblea de socios no la aprobó, derivando en el actual procedimiento arbitral. Este medio intentó contactar a la contraparte para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.
