El Gobierno presentó una nueva agenda legislativa contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que redefine el enfoque estatal al considerar estas actividades como una amenaza a la seguridad nacional, más allá de la seguridad pública. Este paquete incluye 19 proyectos en trámite, nueve nuevas iniciativas y una reforma constitucional.
Uno de los ejes principales de la agenda es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, diseñado específicamente para enfrentar el crimen organizado. Este mecanismo sería acotado y no buscaría la militarización de grandes extensiones territoriales, sino permitir una coordinación excepcional entre policías, Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia. El objetivo es concentrar recursos, levantar información y desarticular estructuras criminales en zonas específicas donde el Estado ha perdido el control.
La evaluación del Ejecutivo señala la existencia de unas diez grandes organizaciones criminales activas en Chile, con presencia focalizada en cerca de 13 localidades. La aplicación de este nuevo estado de excepción se centraría en estos puntos críticos. La tesis central es que estas organizaciones no solo cometen delitos como homicidios, narcotráfico, extorsiones, secuestros o tráfico de armas, sino que también desafían la capacidad del Estado para ejercer soberanía efectiva.
La agenda se estructura en siete focos operativos. El primero busca fortalecer la gestión policial mediante la modernización de las carreras de Carabineros y la PDI, nuevas reglas para el uso de la fuerza, ampliación de facultades, mayores sanciones por agredir a funcionarios, mejoras en la integridad institucional y eliminación de tareas administrativas para liberar a más efectivos al trabajo operativo.
El segundo foco aborda la seguridad y control fronterizo. Se proponen reformas para extender los plazos de retención migratoria para expulsiones, crear un delito para sancionar el transporte interno de migrantes irregulares, perfeccionar la tipificación del ingreso clandestino y fortalecer las expulsiones administrativas. Además, busca permitir que Carabineros y la PDI operen directamente en la zona primaria fronteriza y establecer la “Ley Frontera Cero”, que contempla el decomiso y destrucción obligatoria de bienes ingresados ilegalmente.
En el ámbito penitenciario, el Gobierno plantea endurecer las penas para delitos graves cometidos por adolescentes, habilitar el juicio oral en ausencia para evadir la justicia y crear una nueva Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería para fortalecer la institución y reestructurarla dentro del sistema de seguridad pública.
Un cuarto eje se concentra en la recuperación de barrios, proponiendo una ley antiencapuchados, una ley corta de seguridad municipal y modificaciones a la legislación sobre barricadas para sancionar la interrupción deliberada del tránsito sin requerir violencia. Este cambio es significativo, ya que permitiría perseguir a quienes generen estas interrupciones.
