La pugna por las políticas de derechos humanos bajo la administración del Gobierno de José Antonio Kast escaló esta semana, llegando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante el organismo internacional, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron un “desmantelamiento” de la institucionalidad de memoria, verdad, justicia y reparación, construida a lo largo de las últimas décadas en Chile.
La representación del Estado chileno refutó las acusaciones, calificándolas de “errores de hecho”, omisiones y conclusiones que, según afirmó, no se ajustan a los antecedentes oficiales. El Gobierno sostuvo que los cambios responden a una reorganización administrativa que mantiene plenamente vigentes los programas, sus funciones y competencias legales.
Por su parte, la CIDH recordó la importancia de que las políticas fiscales de ajuste respeten el principio de no regresividad. Hizo hincapié en la necesidad de transparencia sobre los diagnósticos técnicos que justifican cualquier modificación institucional y enfatizó que las políticas de derechos humanos deben trascender a los gobiernos de turno.
La audiencia fue solicitada por cuatro entidades: Red de Observadoras en Justicia y Memoria; Londres 38, espacio de memorias; la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta; y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.
La presentación de las organizaciones se centró en cuatro puntos clave: el presunto desmantelamiento y reajuste estatal, el debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos, la afectación de las políticas de memoria histórica —con especial foco en Colonia Dignidad— y los cuestionamientos al rol del Estado frente a beneficios penitenciarios solicitados por condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, proceso que denominan “indultos pasivos”.
“Queremos ser enfáticas: no estamos ante decisiones administrativas aisladas. Estamos ante un patrón de desmantelamiento institucional que afecta la capacidad efectiva del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”, declaró Tamara Lagos, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.
Las organizaciones argumentaron que las medidas adoptadas no son hechos aislados, sino que configuran un patrón que estaría mermando las capacidades técnicas y administrativas desarrolladas durante años. Uno de los principales focos de preocupación fue la supuesta reducción de capacidades en el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, afirmando que “la continuidad formal no equivale a capacidad institucional efectiva”.
En el ámbito de la memoria histórica, se cuestionó el financiamiento de los sitios de memoria. Se señaló que, de 1.132 lugares identificados como sitios de memoria en Chile, solo 72 cuentan con reconocimiento oficial. Específicamente, se criticó la decisión del Gobierno de revertir la expropiación del sitio de Colonia Dignidad, considerándolo un retroceso.
“Más de 100 personas desaparecieron allí”, recordó Paola Peebles, hija de Enrique Peebles, sobreviviente de las torturas cometidas en Colonia Dignidad durante la dictadura.
