El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley, con discusión inmediata, para ampliar el subsidio a la tasa de interés en la compra de viviendas nuevas. La iniciativa busca elevar el número de beneficiarios y el valor máximo de las propiedades que podrán acceder a este mecanismo, llegando hasta las 6.000 UF, equivalentes a unos $246.000.000.
Expertos del sector inmobiliario han manifestado dudas sobre la conveniencia de esta ampliación. José Miguel Simian, director del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, señaló que alcanzar las 6.000 UF podría beneficiar a hogares de mayores ingresos, que ya poseen capacidad crediticia y de pago.
El proyecto de ley modifica la Ley 21.748, aumentando el cupo de subsidios de 50 mil a 80 mil y extendiendo el plazo para solicitar financiamientos hasta el 31 de mayo de 2028. Esta medida se complementa con una reforma para la reconstrucción, que exime por 12 meses el IVA a la venta de viviendas nuevas.
Según el Ejecutivo, el objetivo es apoyar a la clase media, reactivar el sector inmobiliario e impulsar la generación de empleo. El argumento principal para elevar el límite de las viviendas a 6.000 UF es que así el subsidio cubriría el 88,1% de la oferta disponible a marzo de 2026, lo que representa cerca de 104 mil unidades. De estas, 19.022 viviendas están valoradas entre 4.000 y 6.000 UF, un segmento actualmente excluido del beneficio.
La propuesta avanzó en su primer trámite legislativo con amplio respaldo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobando la idea de legislar por unanimidad y el aumento del precio máximo por 11 votos a favor y dos en contra.
Durante el debate, parlamentarios expresaron inquietudes sobre cómo se garantizará que la exención del IVA se traduzca en una rebaja real para los compradores finales. También solicitaron más detalles sobre la metodología utilizada por el Gobierno para estimar el impacto de esta reducción en los precios.
Aunque hubo consenso en valorar la extensión del subsidio por su impacto en la clase media y el empleo, algunos legisladores recordaron que el problema habitacional va más allá del stock de viviendas nuevas, mencionando que más de 400 mil familias aún enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.
El Ejecutivo respondió que la transferencia del beneficio tributario dependerá del estado de construcción de cada proyecto y que la competencia entre empresas será clave para reflejar la rebaja en los precios. Además, indicaron que antes de considerar un nuevo incremento al límite de 6.000 UF, se evaluará el funcionamiento y los efectos de la medida en el mercado.
José Miguel Simian, director del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, valoró la continuidad del subsidio y sostuvo que ha sido uno de los instrumentos con mayor impacto para dinamizar el mercado inmobiliario en los últimos meses. A su juicio, la política permitió impulsar las venta.
El principal reparo de Simian es la extensión del beneficio a propiedades de hasta 6.000 UF, un rango que, a su parecer, ya es accesible para hogares con mayores ingresos y capacidad de pago, generando dudas sobre la focalización de la política pública en las necesidades más urgentes.
