La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, confirmó que el Estado carece de mecanismos para evaluar el impacto del programa Becas Chile. Esto ocurre a pesar de una inversión superior a los $690 mil millones desde su origen, destinados a financiar estudios de posgrado en el extranjero.
La declaración de Lincolao surge tras la detección de 1.666 beneficiarios que han incumplido sus obligaciones, generando una deuda acumulada de aproximadamente $92 mil millones. La ministra explicó en Radio Agricultura que el problema trasciende los incumplimientos individuales, ya que el diseño actual del programa no permite medir si la cuantiosa inversión estatal se traduce en un desarrollo efectivo para el país.
El diseño del programa no exige una retribución efectiva de la inversión y es una inversión masiva. Hemos invertido más de $690 mil millones en este programa para 11.340 becarios. Entonces, el retorno debería ser muy específico sobre esa inversión.
La titular de Ciencia enfatizó que, incluso para aquellos becarios que sí retornaron al país, el Estado carece de las herramientas necesarias para monitorear el impacto de su contribución. Recordó que el programa Becas Chile fue concebido en 2008 para impulsar el capital humano avanzado, con el requisito de que los beneficiarios regresaran a Chile para aplicar los conocimientos adquiridos.
No obstante, la ministra apuntó a «muchos problemas de gestión» y una «falta de control» desde los inicios del programa, señalando que los incumplimientos se arrastran desde 2008. Atribuyó la situación tanto a fallas institucionales en el seguimiento como a la irresponsabilidad de quienes firmaron los contratos y no respetaron el compromiso de retorno.
Desde el Congreso, parlamentarios han coincidido en la necesidad urgente de revisar Becas Chile. El diputado Daniel Manouchehri, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología y Futuro, planteó que el mero retorno al país no basta. A su juicio, el conocimiento debe traducirse en beneficios concretos para Chile, esperando que los becarios se integren en «espacios estratégicos».
Por su parte, el diputado Andrés Celis, integrante de la misma comisión, subrayó la importancia de que la Tesorería General de la República persiga el cobro de los $92 mil millones adeudados por los becarios incumplidores. Argumentó que es un deber legal y ético resguardar los recursos públicos.
Finalmente, la ministra Lincolao reiteró el compromiso del Ejecutivo de reformular el programa. El objetivo es alinear la formación de capital humano con las necesidades estratégicas del país, buscando una mayor efectividad en la inversión pública.
