Una jueza denunció “tratos crueles e inhumanos” y vulneraciones graves a los derechos humanos de mujeres imputadas con trastornos de salud mental, recluidas en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz en Santiago. La magistrada Vania Boutaud Mejías, del 6° Juzgado de Garantía, envió un oficio urgente tras una visita de rutina realizada el 24 de julio a la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI) de dicho centro, revelando presuntas situaciones de violencia institucional y de género.
El documento, de carácter reservado, describe una serie de hallazgos que, a juicio de la jueza, representan una grave afectación a la intimidad y dignidad de una población especialmente vulnerable. Las imputadas provienen de diversas regiones del país y permanecen en la UEPI para determinar su responsabilidad penal. La denuncia apunta directamente a la jefatura de la unidad, solicitando medidas urgentes de protección.
Entre las anomalías más serias, la jueza constató una vigilancia constante por parte de funcionarios hombres a través de cámaras, incluso durante el uso de baños y el aseo personal. Esta situación fue descrita como una invasión profunda a la privacidad de las pacientes.
“No se trata de un monitoreo sólo de los pasillos o áreas comunes, sino que al monitoreo se da a la más íntima que tienen, que es su cuerpo y su indemnidad física y sexual”, se lee en el escrito.
Otro punto crítico es la restricción del acceso al agua potable durante la noche, obligando a las internas a solicitarla al personal. Esta medida fue considerada un trato degradante, especialmente preocupante dado que muchas de las pacientes reciben tratamientos farmacológicos que aumentan la sensación de sed.
Asimismo, se denunció la falta de privacidad en los servicios higiénicos, donde las puertas permanecían abiertas, permitiendo la observación de las pacientes mientras los utilizaban. La magistrada consideró esta práctica incompatible con los estándares mínimos de dignidad y respeto a la intimidad.
El oficio también cuestiona la actitud del personal de salud, al que atribuye indiferencia ante las quejas de las internas y una normalización de las condiciones observadas, describiendo una conducta que
“demuestra una indolencia inexcusable frente a la vulneración actual de derechos”.
Se mencionan acusaciones de violencia física y psicológica por parte de los trabajadores del instituto.
La jueza Boutaud responsabiliza directamente a la jefa de la unidad psiquiátrica, la Dra. Sandra Moglia, por supuestamente validar estas prácticas y mantener una actitud que, según el oficio, demuestra falta de perspectiva de derechos humanos y de género. El documento advierte un posible conflicto de interés, ya que la Dra. Moglia es simultáneamente la responsable de velar por los derechos de las pacientes. El Juez Presidente de los Juzgados de Garantía de Santiago recibió el oficio y debe ahora implementar las medidas urgentes solicitadas para garantizar la protección de las mujeres internas.
