La Contraloría General de la República validó los ajustes propuestos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Estos cambios, que buscan flexibilizar normativas para nuevos proyectos habitacionales, habían generado controversia entre diversos alcaldes, preocupados por la densificación de sus comunas.
Uno de los puntos más debatidos fue la metodología para calcular la densidad de habitantes. La propuesta inicial del Minvu consideraba reemplazar el factor de cuatro habitantes por vivienda por coeficientes de 1,4 y 2. Sin embargo, tras las observaciones de Contraloría, el Gobierno optó por eliminar el coeficiente de 2 y mantener el de 1,4 exclusivamente para desarrollos que cumplan con requisitos específicos de ubicación y conectividad.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la nueva ordenanza en declaraciones a La Radio, asegurando que las modificaciones despejan cualquier riesgo de crear nuevos “guetos verticales”.
“Es un proyecto que, además, la Contraloría no solo le dio toma de razón, sino que lo mejoró. Claramente no, no hay ninguna posibilidad de que haya guetos verticales porque primero la ordenanza no libera la altura y no hay ninguna posibilidad de que haya un gueto vertical”, señaló Poduje.
No obstante, esta perspectiva no es compartida por todos los expertos. Américo Ibarra, director del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio de la Universidad de Santiago, advirtió sobre los posibles efectos negativos de la flexibilización.
“El riesgo es evidente. La liberalización de la densidad y de la altura sin un soporte adecuado de infraestructura y de servicios puede reproducir fenómenos como los guetos verticales, podrían generar barrios sobrecargados y con baja calidad de vida”, aseveró Ibarra.
El docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Álvaro Farrú, coincidió con la preocupación, indicando que las nuevas condiciones podrían ser aprovechadas por las inmobiliarias para maximizar el número de viviendas en sus proyectos, viendo esto como una oportunidad de negocio.
La Contraloría aclaró que su aprobación se limita a la legalidad del decreto, sin emitir juicio sobre el mérito, oportunidad o conveniencia de las medidas. Ahora, la atención se centra en cómo estos cambios se implementarán y el impacto real que tendrán en la densificación y planificación urbana del país.
