Tras los recientes temporales en Chile, la Comisión de Minería y Energía del Senado realizó un balance de los cortes y la reposición del servicio eléctrico. La instancia también revisó las medidas de compensación para los clientes afectados.
La senadora Yasna Provoste (DC), presidenta de la comisión, valoró la rapidez con la que las empresas eléctricas respondieron a la emergencia, destacando una mayor celeridad en comparación con las compañías de agua potable. La ministra Ximena Rincón subrayó que los eventos de julio comparados con agosto de 2024 registraron un 47% menos de clientes afectados en el pico de la contingencia.
En esta ocasión, el tiempo máximo de interrupción del suministro eléctrico para algunas familias fue de 8 días, muy inferior a los hasta 20 días que se observaron en algunas regiones durante 2024.
Por su parte, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, resaltó la creación de un Comité Estratégico de Crisis y el aprendizaje de experiencias pasadas que permitieron una mejor respuesta de las empresas. Asimismo, detalló los cargos formulados en el marco de su labor fiscalizadora.
“Hemos formulado cargos por exceder tiempos de reposición, particularmente y por incumplimiento en mantenimiento. En Valparaíso, la empresa Chilquinta, en Ñuble a Frontel y CGE y en La Araucanía a Frontel y Codiner. Estamos esperando los descargos, dentro del plazo que la ley señala”
Cabeza también hizo hincapié en las compensaciones anunciadas por compañías como CGE y Chilquinta para sus clientes que perdieron alimentos debido a los cortes. Ambas empresas ofrecerán una compensación inicial de $40.000, sin necesidad de presentar boletas. No obstante, aquellos con daños superiores podrán presentar antecedentes para una evaluación específica de su caso.
El representante de las empresas eléctricas, Juan Meriches, expuso ante la comisión la urgencia de abordar la infraestructura, dado que la principal causa de las interrupciones fue la caída de árboles. “Casi 10 mil árboles y ramas cayeron a las redes de suministro eléctrico, 45 mil empalmes dañados y un costo que, al menos en una estimación preliminar, alcanza casi los US$40 millones”, afirmó.
En la misma sesión, se planteó la necesidad de una reforma al sistema eléctrico, enfocada en el segmento de distribución. Esta discusión, iniciada en el gobierno anterior, busca actualizar el diseño regulatorio vigente para permitir la integración de nuevas tecnologías y una mayor adaptabilidad del sistema ante cambios en los patrones de consumo, generación y riesgos de desastres naturales.
