Más de $1,5 millones en hachís: pareja detenida por envío en encomienda

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Una operación coordinada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas culminó con la detención y formalización de una pareja por microtráfico de drogas. La investigación reveló un método sofisticado de internación de sustancias ilícitas, utilizando envíos postales desde la Región Metropolitana.

El procedimiento se inició en una empresa de transportes de la capital regional, cuando ‘Haru’, un perro adiestrado, alertó a la policía sobre la posible presencia de drogas en tres paquetes. Con una autorización judicial expedita, los detectives procedieron a la incautación de 63 cartuchos que contenían resina concentrada de cannabis (THC).

La sustancia incautada, cuyo valor en el mercado supera los $1,5 millones, era camuflada y comercializada a través de redes sociales bajo la falsa etiqueta de “crema de miel”, intentando evadir los controles. Este hallazgo puso en marcha una estrategia de agentes encubiertos y entregas controladas.

Gracias a estas técnicas, los detectives lograron identificar y aprehender a los receptores de la carga. La mujer fue detenida en el momento de retirar la encomienda, mientras que su pareja se presentó voluntariamente en el cuartel policial tras enterarse del operativo policial.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía presentó los cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El fiscal Felipe Aguirre declaró que: “los antecedentes dan cuenta de la existencia del delito y de la participación de ambas personas en el traslado e internación de esta sustancia”.

Por su parte, la defensa de uno de los imputados aceptó las medidas cautelares impuestas. El defensor penal público José Cubillos explicó la postura: “cuando existen antecedentes que dan cuenta de la comisión del ilícito o reconocimiento por parte de los representados, buscamos resguardar garantías fundamentales; las medidas resultaban idóneas y proporcionales”.

Finalmente, el Juzgado de Garantía dictaminó para ambos imputados arresto domiciliario nocturno y arraigo regional. Se fijó un plazo de investigación de 90 días para profundizar en los detalles del caso y determinar posibles redes de distribución.

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