La ministra María Pía Silva asumió la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) en una ceremonia que contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast. Silva reemplaza a Daniela Marzi, quien estuvo al frente del organismo durante los últimos dos años, marcando una nueva etapa para la institución.
Abogada de la Universidad Católica, con un magíster en Derecho Constitucional y reconocida discípula del constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán, la nueva presidenta aporta una destacada trayectoria académica y vínculos con la Democracia Cristiana. Integra el TC desde 2018, tras ser designada por la Corte Suprema, y su mandato se extenderá por un año, ya que su periodo en el tribunal concluye en 2027.
Su llegada a la presidencia es particularmente relevante debido a la facultad de voto dirimente que posee este cargo en situaciones de empate técnico entre los ministros. Esta atribución podría ser crucial en futuras decisiones sobre causas de alta significancia para el Ejecutivo.
“El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico y se ejerce desde razones de orden normativo conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas”, afirmó Silva en su discurso.
La ministra enfatizó el rol del TC como garante del Estado de Derecho y aclaró que el control que ejerce la institución es exclusivamente jurídico, distanciándose de cualquier connotación política.
Tras el evento, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a las críticas que suelen describir al TC como una “tercera Cámara”. Rabat expresó la confianza del gobierno en que las instituciones cumplen con las funciones que les otorga la Constitución.
“Confiamos en que cada una de las instituciones de la República va a actuar conforme a lo que son las atribuciones, las competencias que le asigne la Constitución Política de la ley. Nos parece que las instituciones están cumpliendo con ese mandato”, señaló Rabat.
En la misma línea, el biministro Claudio Alvarado respaldó al tribunal, indicando que sus resoluciones se basan en fundamentos legales y no en consideraciones políticas, subrayando la importancia del buen funcionamiento institucional para la constitucionalidad de las normas.
El Tribunal Constitucional inicia ahora un período donde la influencia del voto dirimente de la ministra María Pía Silva será determinante, especialmente ante temas de interés para el actual gobierno, redefiniendo la dinámica interna del organismo.
