Más de $327 millones: Contraloría exige pago a Usach por gastos no justificados

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La Contraloría General de la República (CGR) ha exigido a la Universidad de Santiago de Chile (Usach) el pago de más de 327 millones de pesos. La medida surge tras una auditoría que reveló serias irregularidades en la administración de varios liceos, cuya gestión la casa de estudios realiza por delegación del Ministerio de Educación (Mineduc).

La revisión de la CGR abarcó los convenios entre ambas instituciones durante el período del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. El objetivo principal fue verificar los mecanismos de control, la correcta ejecución de recursos transferidos y el cumplimiento de las obligaciones en la administración de los establecimientos educativos.

La auditoría identificó pagos de asignaciones y bonos sin la debida acreditación, sumando $165.802.665. Además, se detectaron $103.783.058 en gastos rendidos por actividades que no estaban vinculadas al funcionamiento de los liceos. Otros hallazgos incluyen $5.555.932 por bienes no habidos y $18.863.245 correspondientes a un trabajador registrado simultáneamente en la dotación de dos establecimientos sin justificación de sus jornadas.

Los liceos afectados por estas irregularidades incluyen el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez, el Experimental Artístico, el Industrial de Angol, el Industrial de Nueva Imperial y el Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda. Ante la magnitud de las faltas, la CGR formulará un reparo por el monto total de $327.700.415 y ordenará a la Usach la instrucción de procedimientos disciplinarios.

Adicionalmente, la fiscalización reveló conflictos de interés. Se constataron contrataciones de una sociedad vinculada a un funcionario universitario y de personas con lazos familiares directos. La Contraloría subrayó que estas situaciones vulneran el principio de probidad administrativa, por lo que la Usach deberá implementar controles que aseguren el cumplimiento del deber de abstención e iniciar nuevos procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades.

Otro punto crítico es que el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez ha impartido una especialidad técnico-profesional desde 2016 sin la autorización de la Seremi de Educación Metropolitana. La universidad deberá informar las gestiones realizadas para regularizar esta situación. Finalmente, el informe también constató que la cantidad de cursos, especialidades formativas y la matrícula de varios establecimientos administrados por la Usach han disminuido en comparación con lo estipulado en los convenios con el Mineduc. La casa de estudios deberá respaldar las medidas tomadas para corregir estas inconsistencias.

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