El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la decisión de su antecesora, María Trinidad Steinert, de recurrir a la Contraloría General de la República. La exministra busca reconsiderar un dictamen que estableció que actuó fuera de sus atribuciones al solicitar información reservada a la PDI y vulneró su deber de abstención.
Consultado sobre la solicitud de reconsideración de Steinert, Arrau afirmó que la acción está «en sus facultades, está en su derecho y está bien». Comparó el proceso con etapas habituales en el accionar del ente contralor: «Son cosas normales: cuando Contraloría saca un preinforme, se opina; después, un informe, y se puede apelar, y es lo que ella está haciendo», explicó el actual ministro.
No obstante, Arrau hizo una aclaración crucial respecto a las facultades ministeriales para requerir datos. Recalcó que «nuestra ley, la ley 21.730, sí faculta al Ministerio de Seguridad Pública para requerir información reservada, secreta, dependiendo del caso, bajo ciertas normativas». Añadió que esto abre un «espacio de discusión» con la solicitud de Steinert, pero subrayó una diferencia en su propia gestión.
El ministro Arrau enfatizó que, bajo su administración, han sido explícitos con la Fiscalía y las policías. Aseguró que su ministerio «no requeriremos información específica de un caso en desarrollo, sino que nos mantenemos en nuestro rol de coordinador estratégico». Esta postura busca diferenciar el ámbito de acción del Ministerio de Seguridad Pública del rol persecutor y de investigación.
Confirmó que sí solicitan información reservada o secreta, pero con otros propósitos: «para el rol de diseño de políticas públicas, para el rol de hacer análisis». En caso de detectar algún indicio relevante, se realizarán las denuncias pertinentes. Sin embargo, insistió en una clara separación de funciones con el Ministerio Público y las instituciones policiales como la PDI, Carabineros, Gendarmería de Chile y la Policía Marítima.
Sobre la posibilidad de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en el Congreso por el dictamen contra Steinert, Arrau manifestó su aprobación. Expresó:
«Bien me parece. El rol del Congreso de Chile, de los diputados, precisamente no solo es legislar, sino que también fiscalizar y poner nerviosa a la autoridad, en el sentido de que nosotros estemos lo más atentos posible, haciendo lo mejor posible nuestro trabajo.»
El ministro aseguró que su cartera siempre responde prontamente a los requerimientos del Legislativo, facilitando su labor fiscalizadora. Finalmente, en referencia a las declaraciones de Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputados, quien sugirió un posible exceso de facultades de la Contraloría, Arrau reafirmó su respeto institucional.
Concluyó que su ministerio es «muy obediente y observante de los dictámenes de Contraloría» y que cualquier observación se canaliza por las vías regulares para manifestar diferencias.
«El rol contralor lo respetamos muchísimo. Así se lo he manifestado en las reuniones que he tenido personalmente con la contralora y precisamente tenemos que mantener ese rol, y no me corresponde a mí opinar sobre un juicio de valor sobre el trabajo de la Contraloría»
, zanjó Arrau, delineando la posición de su actual administración frente al ente fiscalizador.
