El caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert ha generado un intenso debate en el ámbito político nacional. La posible presentación de una acusación constitucional en su contra no solo plantea interrogantes sobre eventuales responsabilidades tras un dictamen de Contraloría, sino que también ha reabierto una profunda división en la propia oposición respecto al uso de esta herramienta fiscalizadora.
Este debate se produce en un momento clave, ya que en el Congreso avanza una iniciativa de reforma constitucional. Dicho proyecto, impulsado por legisladores del Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, junto a la UDI, RN y Evópoli, busca establecer requisitos más estrictos para la presentación de acusaciones constitucionales.
La propuesta concreta de la reforma plantea incrementar de 10 a 20 las firmas necesarias para iniciar un libelo. Adicionalmente, exigiría una interpelación previa a los ministros de Estado antes de una acusación y elevaría los estándares de admisibilidad. El objetivo declarado es que esta herramienta retome su carácter de última instancia dentro del control parlamentario.
La opción de una acusación constitucional contra Steinert surgió en el Congreso después de que la Contraloría concluyera que la exministra excedió sus atribuciones. Específicamente, se le imputa haber solicitado antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre una causa que previamente conoció en su rol de fiscal regional. Actualmente, diversas bancadas de oposición mantienen abiertas las alternativas de fiscalización, sin descartar una futura ofensiva constitucional.
Desde las filas socialistas, el diputado Raúl Leiva, uno de los principales promotores de la reforma a las acusaciones, sostuvo que, a su juicio, existen fundamentos jurídicos para considerar tales acciones. Afirmó que un eventual libelo contra Steinert no es incompatible con el proyecto que él mismo defiende en el parlamento.
Por su parte, el diputado Boris Barrera del Partido Comunista defendió enérgicamente la acusación constitucional como una herramienta legítima y esencial de fiscalización del Congreso. Advirtió que cualquier intento de endurecer sus requisitos solo tendría como consecuencia el debilitamiento del control efectivo sobre el Poder Ejecutivo.
En el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero denunció lo que calificó como un «doble estándar» dentro de la oposición. Romero señaló que ciertos sectores buscan restringir las acusaciones constitucionales cuando estas pueden afectarles políticamente, pero ahora las impulsan activamente contra la exministra Steinert, evidenciando una contradicción.
Mientras el proyecto que endurece los requisitos para las acusaciones constitucionales se prepara para iniciar su trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la posibilidad de una acusación formal contra la exministra Steinert sigue siendo una opción abierta en la agenda de la oposición.
