La muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, tras el violento robo de un auto familiar, ha vuelto a encender las alarmas sobre el crimen juvenil en el país. Este trágico suceso, que desencadenó la habitual reacción estatal de declaraciones, condenas y promesas de “todo el peso de la ley”, expone una dolorosa realidad: la pérdida de control y la recurrente paradoja de un sistema que exige omnisciencia al Estado, pero perdona la ausencia de los padres.
Según Ricardo Yáñez Reveco, General Director de Carabineros (R), y Patricio Santos Poblete, General de Carabineros (R), el ciclo político y mediático que sigue a estas tragedias es veloz, mientras que las preguntas incómodas sobre el entorno familiar de los adolescentes que delinquen avanzan a paso de tortuga. Esos jóvenes que hoy cometen delitos violentos, hace pocos años eran niños. ¿Quién se encargaba de ellos?
La reflexión apunta directamente al hogar: ¿quién los llevaba al colegio, firmaba sus comunicaciones o sabía con quiénes andaban? La aparición de dinero sin explicación o las noches prolongadas deberían haber activado alguna alerta. El silencio ante estas señales, sostienen los expertos, también es revelador de un abandono.
Hace tiempo compramos una idea cómoda: que explicar el delito por razones sociales exime de culpa al individuo, y que exigirle cuentas a la familia es una crueldad. El resultado es una paradoja absurda. Le exigimos omnisciencia al Estado, pero le perdonamos la ausencia a los padres. Esperamos que un carabinero arregle en una esquina lo que nadie fue capaz de corregir alrededor de una mesa.
Si bien la desigualdad es un factor innegable —San Bernardo se encuentra entre las zonas de mayor vulnerabilidad sociodelictual—, el problema del delito juvenil es multifactorial. Surge de la deserción escolar, el abandono familiar y un sistema que, aunque detecta las alarmas, no consigue intervenir a tiempo.
Las cifras son preocupantes: el año pasado, Carabineros reportó la vulnerabilidad de casi 80 mil niños y adolescentes a los municipios, buscando activar ayuda psicosocial. Sin embargo, el programa estatal especializado, Lazos, solo alcanzó a intervenir a unos 5 mil de ellos. Esto significa que su capacidad no cubre siquiera el 7% de lo que la policía detecta. Los municipios, por su parte, se ven obligados a hacer más con menos recursos, lo que lleva a un sistema claramente desbordado.
La interrogante crucial no es solo si el Estado llega tarde, sino si es realista esperar que actúe solo ante la magnitud del problema. Desde el Centro de Estudios y Gestión de Seguridad Municipal CEGES AChM y el Centro Integrado de Seguridad CIS de la UFT, se enfatiza que ninguna política pública, por eficiente que sea la policía o implacable el fiscal, puede suplir la función fundamental de la familia.
La tarea diaria de una familia —imponer límites, enseñar responsabilidad y forjar un sentido de pertenencia— es irremplazable. Una sociedad que solo reacciona cuando ya hay una víctima fatal en el suelo, se arriesga no solo a la inseguridad, sino a la triste realidad de gestionar con elegancia su propio fracaso social. Es imperativo reevaluar las responsabilidades y entender que la prevención del crimen juvenil empieza mucho antes de que un niño tome un arma.
