La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG) ha presentado graves denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Los reclamos apuntan a una serie de presuntas irregularidades dentro de la cartera, incluyendo problemas de probidad, uso indebido de recursos públicos y aumentos salariales que, según el gremio, no siguieron los procedimientos establecidos.
La ofensiva de la asociación, liderada por Paulina Cid, se produce en un período complejo para el ministerio, marcado por la reciente llegada de la ministra Judith Marín y la salida de la exsubsecretaria Daniela Castro (RN), reemplazada por Marcia Raphael (RN), tras diferencias con la secretaria de Estado.
Las denuncias fueron interpuestas a mediados de junio por “presuntos delitos funcionarios y corrupción”, buscando identificar a los responsables del “desorden interno y de los aumentos de remuneraciones sin los procedimientos regulares”. El gremio ha manifestado su temor de que estas acciones respondan a una “estrategia de deterioro institucional desde dentro”.
Uno de los puntos más críticos, según la asociación, se relaciona con información que habrían obtenido durante el cambio de autoridades. La declaración de ANFUMMEG sostiene:
“Asimismo, hemos conocido antecedentes de beneficios salariales groseros auto otorgados durante el período de cambio de autoridades”.
Aunque no se han revelado nombres ni montos específicos, la asociación insiste en que estos hechos deben ser investigados, junto con otras posibles faltas a la probidad, conflictos de interés y un eventual uso irregular de fondos públicos por parte de funcionarias consideradas de confianza política del actual gobierno.
Paralelamente, ANFUMMEG ha denunciado un deterioro progresivo en la gestión interna desde marzo. Se han reportado problemas en el pago de horas extras, viáticos, sala cuna, proveedores y servicios básicos. A esto se suman errores en las compras públicas y una falta de control en procesos administrativos cruciales para el funcionamiento ministerial.
Según la representación gremial, esta situación ha llevado a la institución a operar “en su mínima expresión y prácticamente sin ejecución presupuestaria”. Aseguran haber alertado a las autoridades sobre estos problemas y haber solicitado cambios en algunas jefaturas, sin obtener respuesta.
Paulina Cid, en conversación con BioBioChile, explicó la complejidad de la situación:
“la ministra se metió en el asunto hace unas tres semanas y la jefa DAF la acusó por ley Karin y quedó en jaque mate, sin autoridad (…) la jefa jurídica respaldó que esta acusación se enviara a Contraloría, algo totalmente inédito”.
La llegada de Marcia Raphael a la subsecretaría generó expectativas de un cambio de rumbo tras la partida de Daniela Castro. Sin embargo, las funcionarias lamentan que las personas a quienes atribuyen responsabilidad en la crisis continúan ocupando cargos estratégicos en la cartera.
“Esto se desbordó. Nunca, en más de 20 años como funcionarias, habíamos sido testigos de algo tan falto de ética y responsabilidad funcionaria”, expresa el documento.
El gremio ha sido enfático en que no será “cómplice silencioso” de lo que describen como una potencial “estrategia de deterioro institucional desde dentro”. Han demandado investigaciones rápidas, la remoción de los responsables y el nombramiento de un nuevo auditor ministerial para restablecer la transparencia y el correcto funcionamiento.
Finalmente, la asociación exige la salida de los considerados responsables del deterioro interno, una investigación transparente y expedita de las denuncias, y medidas urgentes para resolver los problemas de gestión. Asimismo, piden un nuevo auditor ministerial, un plan estratégico institucional y garantías de que el Ministerio de la Mujer no sufrirá un debilitamiento, fusión o transformación en un biministerio, cuya respuesta aún está pendiente de las autoridades.
