El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que 155 autoridades y funcionarios públicos han acumulado multas impagas por violar la Ley de Transparencia. Esta información crucial, entregada al Ministerio de Hacienda y específicamente al subsecretario Juan Pablo Rodríguez, detalla una preocupante situación de incumplimiento que abarca sanciones impuestas entre enero de 2022 y enero de 2026.
Esta iniciativa es parte de un esfuerzo coordinado del Consejo Directivo del CPLT para fortalecer la institucionalidad y asegurar que la Tesorería General de la República proceda con las acciones de cobro correspondientes. El objetivo es claro: nadie está por encima de la normativa, especialmente quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.
El catastro elaborado por el CPLT identifica a 142 funcionarios provenientes de más de 90 organismos públicos distintos, incluyendo municipalidades, gobiernos regionales, servicios públicos, corporaciones y asociaciones municipales, e incluso una superintendencia. Más de la mitad de estas multas impagas recaen directamente en alcaldes o jefes de servicio, lo que subraya la relevancia de los cargos involucrados.
Las multas restantes se distribuyen entre encargados de transparencia, administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y otros funcionarios responsables. Es importante señalar que algunos de los sancionados acumulan dos o incluso tres multas impagas, y que entre ellos hay tanto quienes aún ejercen sus funciones como quienes ya han dejado el aparato público.
«Que una autoridad o un funcionario público no pague una multa que se encuentra a firme y que se asocia al incumplimiento de la Ley de Transparencia, es una señal muy grave. En Chile nadie está sobre la ley.»
Así lo afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González, quien añadió que estas gestiones con la Subsecretaría de Hacienda son esenciales para que la Tesorería General de la República cumpla con su labor de cobrar estas sanciones. Según la Ley de Transparencia, estas multas pueden oscilar entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del jefe de servicio o del responsable, variando según el tipo de infracción.
Un análisis más profundo del catastro revela que más de dos tercios de las multas impagas se relacionan con incumplimientos de la transparencia activa. Esto implica que los organismos no mantienen publicada y actualizada la información obligatoria en sus portales de transparencia o sitios web, incluyendo contratos, compras, personal, remuneraciones y ejecución presupuestaria.
Estos antecedentes son fundamentales para el control ciudadano, y su ausencia obstaculiza la rendición de cuentas. Asimismo, el registro también incluye sanciones por la falta de entrega de información pública requerida por ciudadanos, lo que evidencia una doble falla en el compromiso con la transparencia. La situación plantea un desafío urgente para el cumplimiento normativo en el sector público y la credibilidad de las instituciones.
