La Contraloría General de la República ha detectado una serie de falencias preocupantes en la ejecución de programas municipales, financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que estaban destinados a la protección de mascotas. Este análisis del ente contralor abarca el periodo entre los años 2017 y 2026, lapso en el que los municipios recibieron un total de $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).
Entre los hallazgos más relevantes, se evidenció que 61 municipalidades no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional. Esto, a pesar de haber recibido, desde el año 2022, casi $5 mil millones de pesos por parte de la Subdere específicamente con esa finalidad.
La falta de transparencia también fue un punto crítico. El reporte constató que 162 municipalidades no respondieron a los requerimientos de información solicitados por la CGR respecto al uso de más de $16 mil millones transferidos por la misma Subsecretaría. Esta omisión dificulta la fiscalización y la correcta rendición de cuentas sobre los recursos públicos.
Además, el estudio reveló otras deficiencias en la gestión y cumplimiento de la normativa. Se constató que 25 municipalidades no cuentan con una ordenanza municipal sobre tenencia responsable de animales. Por otra parte, 178 comunas no disponen de lector de microchip o no informaron sobre su disponibilidad, lo que obstaculiza la identificación de mascotas. Asimismo, 31 municipios mantienen o financian caniles que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal, incumpliendo la regulación vigente.
El informe también puso de manifiesto inconsistencias en registros clave a nivel nacional, como el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, ambos a cargo del Ministerio del Interior. Específicamente, se observaron problemas en la correcta identificación de los responsables de los animales. Un dato llamativo en este último registro es que solo 748 personas —de un total de 39.987 inscritos— han realizado el curso de adiestramiento exigido para este tipo de animales.
Frente a estos contundentes resultados, la Contraloría ha anunciado que fiscalizará directamente a la Subdere, en su rol de entidad que transfiere los recursos a los municipios. Adicionalmente, exigirá a las municipalidades que actualmente no cuentan con una ordenanza de tenencia responsable que la dicten en un plazo perentorio de 90 días hábiles, buscando regularizar una situación que afecta directamente la protección y bienestar animal en el país.
