La aprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast se ha estancado en 39% por tercera semana consecutiva, según la última encuesta de Criteria. En contraste, su desaprobación se mantiene en 51%, repitiendo las cifras de la medición anterior.
El sondeo también abordó la opinión pública sobre la acusación constitucional que enfrentó el exministro Grau. Un 32% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la medida, mientras que un 27% se mostró en desacuerdo.
No obstante, un significativo 41% no tiene una posición clara al respecto. Al analizar por sector político, la derecha mostró un respaldo mayoritario con 49% a favor de la acusación, en tanto que la izquierda la rechazó con un 57%.
Entre aquellos que no se identifican con ningún sector, la indefinición predominó, alcanzando un 60%.
A raíz de las recientes declaraciones de figuras de derecha, como Diego Schalper y Luciano Cruz-Coke, quienes anunciaron que no apoyarían la acusación contra Grau, la encuesta exploró la percepción general sobre este tipo de acciones parlamentarias.
Los resultados son contundentes: un 58% de los consultados considera que las acusaciones constitucionales se han transformado principalmente en una herramienta de disputa política, lejos de su propósito original.
Asimismo, un abrumador 71% concuerda en que, si bien estas acciones llaman la atención mediática, no resuelven los problemas de fondo que enfrenta el país. Otro 62% sostiene que desvían al Congreso de discutir y abordar los temas realmente importantes para la ciudadanía.
Finalmente, un 45% de los encuestados cree que este tipo de iniciativas suelen presentarse sin fundamentos sólidos que las justifiquen.
En otro punto de la encuesta, se consultó sobre la percepción de la ley de reconstrucción. Un 40% de los chilenos estima que los efectos de este proyecto serán más bien positivos para el país, ofreciendo un rayo de esperanza frente a las emergencias.
Sin embargo, la percepción negativa sobre la ley subió a 36%, mostrando un aumento de dos puntos respecto a la medición anterior. En paralelo, el grupo sin una postura definida disminuyó en dos puntos, ubicándose en 24%.
Respecto a quiénes serían los principales beneficiarios de esta ley, el 46% de los encuestados, una baja de tres puntos, cree que la iniciativa favorece mayoritariamente a los sectores de mayores ingresos.
En contrapartida, un 37%, con un alza de dos puntos, considera que su principal objetivo es la creación de empleos, reflejando una división en las expectativas ciudadanas.
Estos datos de Criteria trazan un panorama complejo sobre la gestión del gobierno y el funcionamiento del Congreso, donde la percepción de un estancamiento se mezcla con una crítica profunda al uso de herramientas políticas.
