La propuesta de “indemnización a todo evento” que evalúa el Gobierno genera un intenso debate entre el sector empresarial y los trabajadores, en un escenario marcado por el persistente aumento de las tasas de desempleo en el país.
Las cifras son claras: ya van 40 meses consecutivos con una desocupación sobre el 8%, y el trimestre febrero-abril incluso superó el 9%. El panorama es especialmente crítico para las mujeres, con una tasa de desempleo que alcanzó el 10,5%.
Frente a esta situación, el Ejecutivo, a través del Ministerio del Trabajo y bajo el liderazgo de Tomás Rau, impulsa una ambiciosa agenda laboral. Sus ejes centrales son la flexibilidad y la adaptabilidad, conceptos que ganaron relevancia durante la campaña del ex candidato Kast y que hoy se perfilan como pilares en las reformas.
Una de las iniciativas más discutidas en la cartera ministerial apunta directamente a las indemnizaciones laborales, generando significativa polémica en diversos sectores.
La fórmula que se baraja contempla que los empleadores realicen una cotización adicional al Seguro de Cesantía. Este aporte permitiría al trabajador acceder a dichos fondos al término de su relación laboral, sin importar el motivo de la desvinculación, de ahí su nombre de “indemnización a todo evento”.
Esta cotización extra equivaldría a un 1,8% del salario total del empleado, pagado mensualmente y destinado directamente a este fondo específico. La medida busca ofrecer una mayor protección ante el desempleo y simplificar los procesos de desvinculación.
La recepción de la propuesta ha sido heterogénea. Desde el ámbito empresarial, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, valoró positivamente la iniciativa.
Según Vial, esta reforma implicaría menores costos para contratar personal, una protección efectiva para quienes quedan sin empleo y una mayor flexibilidad en la movilidad laboral de los trabajadores.
En tanto, el vicepresidente de la asociación Conapyme, Héctor Sandoval, si bien calificó la propuesta como buena, advirtió sobre la necesidad de un equilibrio preciso en su implementación, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas.
Sandoval expresó preocupación respecto a cómo este nuevo costo adicional podría afectar negativamente el empleo formal y, paradójicamente, incentivar la contratación irregular.
La postura más crítica provino de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su vicepresidente, Leonel Sepúlveda, fue enfático al señalar que esta modificación representaría un “retroceso en derechos laborales”.
Esta modificación implicaría un retroceso en derechos laborales, traduciéndose en una mayor facilidad de despido para las empresas, sin una protección adicional para los trabajadores.
Para Sepúlveda, la medida otorgaría a las empresas una mayor facilidad de despido, sin una protección adicional para los trabajadores. Por su parte, el secretario de Estado aseguró que están estudiando la iniciativa presentada, aunque advirtió que se trata de una discusión compleja que no estará exenta de controversias.
