La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reconoció la existencia de “aspectos de mejora y situaciones que corregir” en los bancos chilenos, tras la revelación de la Operación Tokio. Esta investigación desbarató una red de lavado de activos del Tren de Aragua que movió cerca de $75 mil millones de pesos a través del sistema financiero nacional.
Los hallazgos de la CMF se entregaron en un oficio firmado por su presidenta, Catherine Tornel León, en respuesta a la solicitud del diputado Cristian Araya (Rep), quien preside la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. El parlamentario había pedido antecedentes sobre posibles brechas o fallas regulatorias en los bancos, en el contexto de este golpe al crimen organizado.
Según el organismo regulador, aunque los bancos cuentan con controles y monitoreos que se activaron al detectar operaciones sospechosas, la revisión identificó puntos débiles. En este sentido, la CMF citó a los principales ejecutivos de las dos entidades bancarias públicamente mencionadas en el caso: Santander y BancoEstado.
El oficio detalló que el mandato de la CMF incluye supervisar y regular el sistema financiero para mantener su solvencia y estabilidad. Para ello, dispone de un marco regulatorio prudencial y un enfoque de supervisión basado en riesgos. La normativa vigente en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT/FP) está en línea con los estándares de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La Comisión aseguró que las revisiones efectuadas «han evidenciado que, en general, los bancos presentan adecuadas estructuras de gobierno, marcos de políticas y procedimientos, como también controles en los distintos procesos y etapas del monitoreo». No obstante, aclaró que:
«Sin perjuicio de ello, se han observado algunos aspectos de mejora y situaciones que corregir, que han sido representadas a las entidades, respecto de las cuales, éstas han comprometido planes de acción para su regularización».
Respecto a la «Operación Tokio», la CMF afirmó haber mantenido un seguimiento cercano, realizando reuniones con los responsables de cumplimiento y citando a los ejecutivos de Santander y BancoEstado. La institución concluyó que los sistemas de monitoreo lograron alertar operaciones inusuales, que fueron analizadas y reportadas a la UAF cuando no tenían justificación económica o jurídica aparente, o no coincidían con el perfil del cliente.
Los antecedentes conocidos sobre la operación revelan que la célula del Tren de Aragua, conocida como “Los Shelby”, blanqueó aproximadamente $75 mil millones. Para ello, crearon sociedades ficticias mediante testaferros y cooptaron locales nocturnos, especialmente en el barrio Bellavista de Santiago.
El papel de la banca fue clave, con la revelación de ejecutivos bancarios que colaboraron. Su función era facilitar la apertura de cuentas corrientes y múltiples productos financieros, fragmentando el dinero para dificultar su rastreo antes de enviarlo a Colombia y Venezuela.
En este entramado, surgió el nombre de José Carlos Pérez Asencio, un ciudadano venezolano que trabajaba en recuperaciones en una sucursal de Santander en calle Agustinas, en el centro de Santiago. Pérez Asencio fue reclutado mientras ya trabajaba en el banco y facilitaba estas operaciones. También fue identificada Rossana Magdalena Blanco Blanco, ejecutiva venezolana que realizaba labores de apoyo en BancoEstado a través de servicios externos.
La investigación continúa delineando el alcance de estas redes criminales y la respuesta del sistema financiero chileno frente a estas amenazas, con planes de acción comprometidos por las entidades involucradas para corregir las deficiencias detectadas.
