La noche del martes, el Gobierno de José Antonio Kast sufrió un duro golpe político y constitucional: el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales cuatro disposiciones centrales de la ley de “Escuelas Protegidas”. Esta decisión desmantela los artículos que el Ejecutivo había presentado como el pilar fundamental para combatir la violencia escolar, marcando uno de los momentos más complejos de su administración.
El proyecto “Escuelas Protegidas” fue una de las primeras iniciativas propias del Gobierno y representaba el distintivo político de la gestión de Kast en materia educativa. Su objetivo era otorgar mayores facultades para abordar la violencia en los establecimientos y establecer sanciones severas para quienes cometieran actos delictivos.
Sin embargo, el TC acogió gran parte de los reparos planteados por parlamentarios de la oposición. Entre las medidas más controvertidas que fueron rechazadas se encuentran la obligatoriedad de informar a la policía si un estudiante se negaba a la revisión de su mochila, y la potestad para que Carabineros o la PDI inspeccionaran vestimentas y pertenencias sin una orden fiscal.
Además, el fallo anuló las sanciones por acciones que interrumpieran las clases y la restricción al acceso a la gratuidad para estudiantes condenados por delitos graves. Estas normativas eran vistas por el oficialismo como respuestas concretas a los episodios de violencia en el sistema educativo.
La envergadura de este revés fue evidente en las reacciones inmediatas de la oposición. La diputada Emilia Schneider (FA) calificó el dictamen como un “gran fracaso” para el Ejecutivo, mientras que su par del PC, Luis Cuello, sostuvo que el TC había frenado una ley de “inspiración autoritaria”.
A pesar del impacto directo en los aspectos más visibles del proyecto, la estrategia inicial del Gobierno buscó contener el daño político. La mañana de este miércoles, la ministra de Educación, María Paz Arzola, evitó confrontar al TC.
En cambio, la secretaria de Estado enfatizó que la ley aún mantiene vigentes otras herramientas que, según el Ejecutivo, permitirán avanzar en seguridad escolar. En una entrevista con Radio Infinita, Arzola afirmó el respeto del Gobierno por la institucionalidad y las decisiones del tribunal, asegurando que el objetivo final permanece inalterado.
La ministra insistió en la necesidad de conocer los fundamentos completos de la sentencia para evaluar los próximos pasos y eventuales acciones futuras. El Ejecutivo se mantendrá atento a los argumentos para definir cómo proceder o si pueden tomar alguna medida adicional.
Junto con reconocer el análisis de alternativas, Arzola también intentó proyectar una señal de continuidad. Destacó que varias disposiciones de la ley no fueron objeto del requerimiento constitucional.
En esa línea, sostuvo que, de todos modos, se encuentran en una posición más ventajosa que antes de la promulgación de la ley. Apuntó específicamente a las nuevas facultades para los docentes y a las modificaciones introducidas en el sistema de denuncias por convivencia escolar ante la Superintendencia de Educación.
Más allá de la estrategia comunicacional, la trascendencia del fallo es innegable. Las disposiciones anuladas eran los elementos que generaron mayor debate público y que el Gobierno utilizó para diferenciarse de administraciones previas en su enfoque de orden y seguridad. Este resultado representa el primer gran revés constitucional para una iniciativa propia del Gobierno, adquiriendo una significativa dimensión simbólica para la administración Kast en su apuesta por transformar la seguridad escolar.
