La Fiscalía presentó la acusación formal en el caso Novakimen, solicitando penas de hasta 16 años de cárcel para los principales responsables. Se les imputa haber entregado más de 1.400 informes falsos de ecografías mamarias a pacientes de la salud municipal en Concepción y San Pedro de la Paz. El dueño del centro médico y una doctora venezolana enfrentarán un juicio por graves delitos.
Tras una exhaustiva investigación que duró dos años, el Ministerio Público concluyó las diligencias iniciadas a partir de querellas presentadas por diversos municipios. Estas denuncias apuntaban a que los exámenes contratados con el Centro Médico Novakimen resultaron ser un fraude.
La fiscal María José Aguayo confirmó la acusación contra Roberto Ruiz, propietario del laboratorio implicado en las cuestionadas ecografías, y contra Carmen Martínez, la médica venezolana que practicó algunos de los exámenes. Un tercer imputado, el médico venezolano Audie Ferreira, quien se encuentra en Estados Unidos, tiene su extradición pendiente.
«Se presentó acusación en contra de los dos imputados formalizados presentes en Chile, respecto del tercer imputado, que fue formalizado en ausencia, se encuentra pendiente su extradición, y se presentó entonces la acusación en contra de la médico que tomó los exámenes y en contra del enfermero propietario del centro médico», precisó la persecutora.
El escrito de acusación, que consta de 486 páginas, detalla cómo 1.439 pacientes mujeres de la salud municipal recibieron exámenes que no se ajustaron a los protocolos y, lo más grave, informes falsos. Algunos de estos documentos incluso aparecían firmados por médicos que nunca trabajaron en Novakimen, evidenciando una usurpación de identidad.
Estas conductas constituyen delitos de obtención fraudulenta de subvenciones estatales, usurpación de identidad y uso malicioso de instrumento público falso. Por la reiteración de estas faltas, la Fiscalía ha pedido penas de cárcel efectivas para ambos acusados.
«Todos estos delitos se encuentran reiterados, entonces respecto del dueño del centro médico, el señor Ruiz, se solicitó la pena única privativa de libertad de 16 años de presidio, y respecto de la médico de apellido Martínez, se solicitó la pena de presidio mayor en su grado mínimo de 6 años«, aseveró Aguayo.
Roberto Ruiz y Carmen Martínez llevan dos años en prisión preventiva desde su detención. La preparación del juicio oral está fijada para este mismo viernes, marcando un paso crucial en este escándalo que afectó la salud pública local.
