Mientras las repercusiones del preinforme de la Contraloría General de la República sobre las graves fallas en el ingreso de niños haitianos a Chile siguen resonando, un documento inédito, conocido por Radio Bío Bío y al que El Reporte Diario tuvo acceso, revela que el Poder Judicial ya alertaba sobre estas irregularidades hace años.
Se trata de un informe enviado el 22 de junio a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, solicitado para que el pleno del máximo tribunal conociera los antecedentes manejados por los tribunales de familia. En sus seis páginas, las juezas titulares del Tribunal de Familia de Pudahuel, María Paz Gutiérrez y Claudia Paz Miranda, exponen directamente que los vuelos privados desde Haití llegaban con decenas de niños, pocos adultos a cargo y documentos cuya autenticidad era cuestionable.
Las magistradas también destacaron que, en algunos casos, la apariencia física de los menores no coincidía con la edad consignada en antecedentes que consideraron insuficientes o poco fiables. Las juezas sostienen que, desde fines de 2022, comenzaron a advertir situaciones que califican como irregulares en torno al ingreso de niños haitianos por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
A pesar de múltiples gestiones realizadas ante diversas autoridades, las juezas afirman que nunca existió una respuesta que permitiera estandarizar procedimientos ni corregir los problemas detectados. Este documento adquiere una relevancia especial al coincidir con varios de los hallazgos de Contraloría, particularmente la falta de antecedentes para verificar vínculos familiares, deficiencias en la identificación de menores y dificultades para determinar quiénes eran sus responsables en Chile.
El informe de las magistradas contradice la percepción de que el problema se limita a los 64 niños cuya residencia no pudo ser constatada por Contraloría. Por el contrario, sugiere que las alertas y los casos observados son considerablemente más amplios de lo que indican las autoridades políticas.
Según las juezas, las primeras señales de alarma surgieron poco después de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, cuyo reglamento se publicó el 12 de febrero de 2022. En mayo de ese año, participaron en una reunión con funcionarios de Migraciones y de la PDI del aeropuerto para revisar procedimientos de ingreso de menores extranjeros.
En aquel encuentro, se les informó sobre las primeras complicaciones relacionadas con la entrada de niños provenientes de ciertos países, como Haití. El informe destaca que el sistema de reunificación familiar contemplaba “mínimos requisitos” en comparación con las exigencias anteriores, una de las primeras observaciones críticas formuladas por las magistradas.
A raíz de esta situación, se acordó que la policía se contactaría con los jueces de familia cuando surgieran circunstancias que hicieran necesario revisar las condiciones bajo las cuales se estaba concretando el ingreso de menores de edad. Sin embargo, las advertencias continuaron aumentando a fines de 2022.
El documento relata que en noviembre de ese año, la jueza Claudia Miranda comenzó a participar en reuniones de una subcomisión de infancia con organismos públicos de protección. Fue en ese espacio donde se intensificó la preocupación.
