El gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra cinco empresas cubanas que operan bajo el paraguas del conglomerado militar Gaesa, así como contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa del hijo del exmandatario Raúl Castro. Esta medida profundiza la estrategia de Washington para limitar los recursos y la capacidad operativa del régimen comunista en la isla.
Las compañías afectadas por estas restricciones son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional, Geominera y la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida popularmente como Antillana de Acero, la mayor siderúrgica del país. Estas entidades, según el comunicado oficial, están directamente ligadas a la estructura financiera y logística que sostiene al gobierno cubano.
Gaesa, el vasto emporio militar-empresarial, es descrito por el secretario de Estado, Marco Rubio, como el “músculo financiero detrás del aparato represivo” del régimen. Tanto Rafin como el Banco Financiero Internacional son señalados como “instituciones financieras vinculadas con Gaesa” encargadas de “mover dinero en representación del régimen”. Por su parte, Almacenes Universales funciona como la empresa logística clave de este conglomerado.
Gaesa sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano.
Las sanciones implican una prohibición para todas estas empresas y personas de establecer cualquier tipo de relación económica con entidades estadounidenses, así como el acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Adicionalmente, cualquier propiedad o activo que posean en territorio estadounidense queda bloqueado de manera inmediata.
Estas acciones se enmarcan en una escalada de presión de Washington sobre la isla caribeña, que ha sido sostenida desde principios de año. El 5 de junio, el Departamento de Estado ya había sancionado al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a otros miembros de la familia Castro, incluyendo a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. La inclusión de su esposa, Annalie Lilliam Rueda Cardero, extiende el alcance de estas medidas a su círculo familiar más cercano.
Medios de prensa locales han reportado que parte de la familia política de Alejandro Castro Espín reside en el estado de Florida, un detalle que subraya la complejidad de los lazos personales y políticos alrededor del régimen. La continuidad de estas sanciones sugiere que la administración estadounidense no cederá en su intento de asfixiar financieramente a las estructuras de poder en Cuba.
